La protesta de trabajadores de la Secretaría de Salud en Veracruz por las llamadas “tarjetas de bono restringido” destapó lo que el gobierno de Rocío Nahle intenta ocultar: un esquema opaco, sin respaldo financiero y con claros indicios de un negocio armado desde el poder.
Lejos de tratarse de un apoyo transparente para el personal de salud, el bono pretendía entregarse a través de tarjetas SET PAY, un mecanismo que no está respaldado por ninguna institución bancaria tradicional. Dichas tarjetas son emitidas, administradas y operadas por la sociedad mercantil SE Transaccionales, S.A.P.I. de C.V., una empresa privada que no es una entidad financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esto implica que los recursos o líneas de crédito asociadas a estas tarjetas no cuentan con la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), dejando a los trabajadores completamente desprotegidos ante cualquier irregularidad, bloqueo o pérdida de los fondos. En otras palabras, el gobierno estatal pretendía manejar recursos públicos y compensaciones laborales a través de un esquema sin supervisión financiera y fuera del sistema bancario formal.
A pesar de estas graves irregularidades, el gobierno de Veracruz no respondió con transparencia. Por el contrario, activó una campaña mediática orquestada desde oficinas oficiales y replicada por “textoservidores”, en la que supuestos trabajadores agradecen a la gobernadora porque los “escuchó” y “preocuparse por ellos”, intentando maquillar el rechazo real que provocó el esquema.
El episodio exhibe un patrón que comienza a marcar a la administración de Rocío Nahle: decisiones unilaterales, opacidad en el manejo de recursos y posibles negocios disfrazados de apoyos sociales. Aunque se presume sensibilidad y bienestar, en los hechos se intenta imponer mecanismos financieros dudosos que benefician a empresas privadas sin regulación y ponen en riesgo a los trabajadores.
Más que un error administrativo, el caso de las tarjetas SET PAY apunta a un modelo de gobierno donde los negocios avanzan en la sombra y la propaganda busca tapar lo que la protesta social ya dejó al descubierto: una presunta red de corrupción que empieza a operar desde el primer nivel del poder en Veracruz.
