El escándalo por el presunto desfalco superior a los 557 millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), correspondiente a los ejercicios fiscales 2024 y 2025, confirma una vieja máxima de la política veracruzana: los decretos de honestidad no resisten la primera auditoría. El juramento moral que Andrés Manuel López Obrador impuso al entonces gobernador Cuitláhuac García terminó exactamente donde comenzó: en el discurso y en la basura.
Mientras los montos observados siguen creciendo y las explicaciones oficiales se reducen a comunicados evasivos, desde las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se filtran versiones “subvencionadas” para deslindar al exsubsecretario consentido Elías Calixto Armas. El intento es tan torpe como revelador. Borrar responsabilidades administrativas y legales no es una estrategia jurídica, sino propaganda de bajo perfil para consumo interno. Más aún cuando pesan antecedentes de presuntos actos de corrupción durante su breve, pero rentable paso por la estructura educativa estatal, incluida su cercanía activa con Claudia Tello.
Vale decirlo: el saqueo de la UPAV no ocurrió en el vacío ni fue obra de improvisados. Desde febrero de 2021 ya se documentaban, en este espacio, prácticas sistemáticas de diezmo salarial, acoso laboral, tráfico de influencias y abusos administrativos dentro de la SEV. En aquellas denuncias apareció un apellido que hoy vuelve a escena con puntualidad quirúrgica: Uscanga.
Los Uscanga -autodenominados con ironía involuntaria como “Los Kennedy de la laguna”- encontraron en la Secretaría de Educación un terreno fértil para reproducirse políticamente. Jorge y Alberto Uscanga Escobar ocuparon cargos estratégicos en los años de bonanza; posteriormente, Denisse Uscanga consolidó el control familiar desde posiciones clave, administrando nóminas, acomodando parientes y afianzando alianzas que sobrevivieron sin dificultad al relevo de gobiernos y al discurso moralizante de la Cuarta Transformación.
Con la llegada del gobernador “15 veces honesto”, según la certificación presidencial, el reparto no se detuvo: se institucionalizó. Jorge Miguel Uscanga Villalba fue nombrado subsecretario de Educación Media y Superior; su hermano Alberto, subdirector en la SEV; y Alejandro Uscanga, funcionario en SEFIPLAN. A ellos se sumaron hijos, parientes y operadores, todos convenientemente insertados en la burocracia estatal. No faltaron, además, señalamientos por presunta malversación de fondos en centros escolares, cobro de cuotas a trabajadores y un estilo de gestión más cercano al feudo personal que al servicio público.
En el editorial publicado el 5 de febrero de 2021 (UNA FAMILIA DE DIEZ: LA EDUCACIÓN “SUPERIOR” DE USCANGA VILLALBA), Palabras Claras advirtió que la subsecretaría de Educación Media y Superior no debía operar como caja chica ni como propiedad privada. Cuatro años después, la advertencia no solo se confirma, se quedó corta. Lo que hoy aflora en la UPAV parece apenas la punta del iceberg de una red de complicidades que atraviesa administraciones, secretarios y subsecretarios, incluidos Zenyazen Escobar, Elías Calixto, David Jiménez, estos dos último ya en el gobierno de Rocío Nahle, en las oficinas del COBAEV y otras más del sector educativo veracruzano.
En Veracruz la honestidad se proclama y la corrupción se hereda. Si el gobierno de Rocío Nahle no actúa contra las cabezas principales, con auditorías reales y sanciones penales, la UPAV no será la excepción, sino la regla. El llamado “Amor por Veracruz” quedará entonces como otra coartada para saquear con discursos pulcros y manos sucias.
Algunos hablan de traiciones y rupturas en este delicado caso; sin embargo, todo indica que no hubo quiebre alguno: estaban “unidos todos” por el botín y solo se enfrentaron cuando llegó la hora del reparto.
