El transporte público en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río volvió a convertirse en rehén del Gobierno estatal. El uso del garrote, la improvisación administrativa y el caos operativo se consolidan como sellos distintivos de la gestión encabezada por Rocío Nahle.
Un paro de camiones urbanos dejó este jueves a cientos de usuarios varados, luego de que la administración estatal ordenara operativos para obligar a los choferes a cobrar una tarifa “oficial” que, en los hechos, aún no existe, pues no ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Estado.
Desde las primeras horas del día, inspectores de Transporte Público salieron a las calles para exigir el cobro de nueve pesos, aun cuando el sustento legal de esa tarifa sigue pendiente. En Veracruz, parece que primero se impone la norma y después se formaliza.
El conflicto estalló un día después de que los concesionarios incrementaran el pasaje de nueve a 12 pesos y eliminaran los descuentos a estudiantes y adultos mayores. Lejos de abrir una mesa de diálogo o construir una solución negociada, la respuesta gubernamental fue la amenaza de sanciones. El desenlace fue que varias rutas optaron por suspender el servicio.
Las paradas del centro, la zona de mercados y diversas colonias populares se llenaron de usuarios confundidos, esperando camiones que nunca llegaron. La movilidad colapsó en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.
Fue la propia gobernadora Rocío Nahle, en su conferencia a modo en uno de los patios del Palacio de Gobierno, la que aseguró ayer que el aumento no está autorizado y advirtió castigos para quienes cobraran de más. Sin embargo, el mensaje surtió el efecto contrario, los concesionarios respondieron con un paro que terminó castigando no a la autoridad, sino a la ciudadanía.
El episodio vuelve a exhibir que la actual administración se rige con decisiones unilaterales, falta de planeación, desmesurado resentimiento y nula sensibilidad social. Mientras el discurso oficial presume firmeza, los usuarios pagan el costo de un conflicto mal gestionado.
En Veracruz, el transporte público no se mueve sin permiso; el desorden, en cambio, avanza sin freno.
