El Gobierno de Veracruz, encabezado por la morenista Rocío Nahle, aplica en Xalapa un aumento a las tarifas del transporte público sin haber cumplido el requisito legal básico de su publicación oficial. El ajuste tarifario anunciado por la administración de Rocío Nahle no ha sido difundido en la Gaceta Oficial del Estado, por lo que carece de validez jurídica.
Sin publicación, el incremento no produce efectos legales. No es exigible para los usuarios ni obligatorio para los concesionarios. La ley no prevé excepciones ni sustitutos: las declaraciones públicas no reemplazan el acto administrativo formal.
A pesar de ello, la autoridad estatal ha procedido como si el aumento estuviera vigente. En la práctica, el gobierno ha dado instrucciones para aplicar una medida que legalmente no existe, trasladando el costo político y económico a los ciudadanos.
La Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz establece, en su artículo 139, que las tarifas deben fijarse, revisarse o modificarse con base en estudios técnicos y mediante los procedimientos administrativos correspondientes. Las disposiciones transitorias y los decretos vinculados a la Ley señalan además que todo acuerdo tarifario debe publicarse en la Gaceta Oficial para entrar en vigor.
Ese paso no se ha cumplido, hasta el momento.
La omisión no es subsanable por la vía del discurso. La publicación es el acto que da existencia jurídica a la decisión administrativa. Prescindir de ella implica operar fuera del marco legal, aun cuando la autoridad insista en presentar el ajuste como un hecho consumado.
El escenario en Xalapa refleja un precedente preocupante: la aplicación de políticas públicas sin respaldo normativo visible, sostenidas únicamente por la instrucción política y la expectativa de obediencia social.
Cuando el gobierno actúa primero y formaliza después -o no formaliza-, la legalidad deja de ser regla y se convierte en obstáculo. El resultado es un deterioro directo de la certeza jurídica y de la confianza institucional.
Mientras el acuerdo tarifario no aparezca en la Gaceta Oficial, el aumento carece de sustento legal.
Pero el impacto ya se refleja en el bolsillo de los usuarios.
