El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que la gobernadora Rocío Nahle mantiene el interés de regularizar la situación laboral de los meritorios del Registro Público de la Propiedad, con el objetivo de que puedan ser incorporados a la nómina oficial del Gobierno del Estado, siempre y cuando cada caso sea evaluado de manera individual.
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Gobierno aclaró que, por el momento, no es posible prescindir de los meritorios, ya que su retiro provocaría la paralización de las actividades en el Registro Público. Señaló que este personal es fundamental para agilizar los trámites que se realizan en dicha dependencia.
Cabe recordar que, en una conferencia reciente, reporteros cuestionaron a la gobernadora Rocío Nahle sobre denuncias presentadas por abogados, quienes señalan que algunos meritorios del Registro Público de la Propiedad estarían involucrados en el llamado “Cártel Inmobiliario”, una presunta red de complicidades entre notarios, jueces y abogados para la apropiación ilegal de bienes inmuebles.
Ante estos señalamientos, la mandataria estatal informó que ordenó una revisión a fondo del tema y que instruyó al secretario de Gobierno a investigar las quejas presentadas.
Ahued Bardahuil precisó que en el estado existen más de 180 meritorios laborando en el Registro Público de la Propiedad y reiteró que se mantiene abierta una investigación tanto en esta dependencia como en el actuar de algunos notarios. Subrayó que el gobierno estatal no permitirá irregularidades y que las indagatorias se realizarán “caiga quien caiga”.
Asimismo, informó que como resultado de estas acciones, algunos bienes inmuebles que habrían sido objeto de despojo —como un caso en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa— ya están siendo restituidos a sus legítimos propietarios.
El secretario de Gobierno sostuvo que, ante el avance de las investigaciones, las personas involucradas en posibles actos de fraude han comenzado a disminuir sus prácticas irregulares, al advertir que existe una supervisión directa por parte del Gobierno del Estado.
