Autoridades de Estados Unidos exhibieron un esquema de fraude asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que utiliza contratos de tiempo compartido en destinos turísticos mexicanos, principalmente en Puerto Vallarta, para despojar de recursos a ciudadanos estadounidenses, en especial adultos mayores.
El caso fue dado a conocer por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que advierte sobre una operación sistemática: la oferta inicial de tiempo compartido es solo el punto de partida de un ciclo de cobros sucesivos que puede extenderse durante años.
Esquema de captación y cobros reiterados
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los operadores acceden a información de propietarios estadounidenses con contratos en México. Con esos datos, realizan llamadas en las que se presentan como asesores jurídicos, gestores de reventa o representantes administrativos.
El argumento central gira en torno a la cancelación del contrato o a la supuesta reventa de semanas vacacionales. Para “liberar” recursos o concretar la operación, exigen pagos anticipados por impuestos, trámites o gastos notariales. Los montos prometidos nunca se entregan, pero las solicitudes de dinero continúan bajo distintos pretextos.
En otros casos, los defraudadores adoptan la identidad de abogados o supuestos funcionarios que notifican operaciones financieras sospechosas. Bajo presión y advertencias de sanciones legales, inducen a las víctimas a realizar nuevas transferencias.
Señalamientos en Puerto Vallarta
Las investigaciones federales mencionan al complejo Kovay Gardens como parte del entramado observado. Según los reportes, las irregularidades comienzan desde la etapa de comercialización, mediante ofertas de rentabilidad por el alquiler de semanas no utilizadas y cargos superiores a los autorizados en tarjetas de crédito.
Posteriormente, el esquema evoluciona hacia contactos reiterados para exigir pagos adicionales, prolongando el fraude y elevando las pérdidas económicas.
Modelo legítimo, prácticas ilícitas
El tiempo compartido es un mecanismo legal de uso vacacional que permite adquirir derechos de estancia por periodos determinados en un inmueble turístico compartido. Sin embargo, su estructura contractual y la intermediación financiera han sido aprovechadas por organizaciones criminales para montar esquemas de fraude transnacional.
Pese a alertas previas emitidas por autoridades estadounidenses, cada año se registran nuevos casos de ciudadanos que reportan pérdidas por miles de dólares en este tipo de operaciones vinculadas a destinos turísticos mexicanos.
