El mapa delictivo en México experimentó un giro estructural durante 2025. Mientras los delitos de contacto físico como el robo registraron un descenso generalizado, el fraude y la extorsión se consolidaron como las principales amenazas para la ciudadanía, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

Las cifras revelan una clara tendencia al alza en los delitos patrimoniales de bajo riesgo físico. La tasa de fraudes pasó de 7 mil 574 a 8 mil 290 casos por cada 100 mil habitantes, un incremento del 9.4 por ciento. Por su parte, la extorsión mostró el repunte más severo con un alza del 14.4 por ciento, al brincar de 5 mil 791 a 6 mil 831 incidentes por cada 100 mil personas. Ambos ilícitos concentraron por sí solos el 43.9 por ciento de la incidencia delictiva reportada en el país.

En contraste, los robos mostraron una baja sustancial en sus distintas modalidades:

  • En vía pública o transporte: bajó de 6 mil 3 a 5 mil 641 casos por cada 100 mil habitantes.
  • De vehículos: se redujo de 3 mil 353 a 3 mil 22 incidentes.
  • A casa habitación: descendió de mil 602 a mil 482 reportes.

La nueva geografía del crimen

Esta dinámica responde a una mutación en las operaciones de las organizaciones criminales, explicó Adrián Franco, vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo con el funcionario, el fraude lidera la lista de delitos con mayor prevalencia en 27 entidades del país, la extorsión ocupa el primer sitio en tres estados, mientras que el asalto en calle o transporte público resiste como el principal problema solo en dos demarcaciones.

Este cambio de paradigma ha empujado un ajuste en la respuesta institucional, derivando en la puesta en marcha de una estrategia nacional coordinada por el Gobierno Federal y la expedición de un nuevo marco legal específico para combatir la extorsión.

Finalmente, el INEGI destacó que la migración hacia modalidades delictivas que no requieren presencia física ha impactado los niveles de violencia directa: el uso de armas de fuego durante la comisión de delitos registró un desplome del 19 por ciento respecto al periodo anterior.

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