En Veracruz, el 21 por ciento de los elementos de seguridad pública carece de control de confianza vigente o no ha concluido su proceso de certificación. Información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz confirma que más de una quinta parte de la fuerza policial opera con evaluaciones pendientes o vencidas.
De un estado de fuerza aproximado de 13 mil efectivos estatales y municipales, sólo el 79 por ciento cumple con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto implica que alrededor de 2 mil 700 agentes se encuentran en condición irregular.
Los controles obligatorios contemplan exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, pruebas de polígrafo y análisis socioeconómicos. El mayor rezago se concentra en corporaciones municipales, donde la actualización de certificaciones avanza con lentitud.
Riesgos institucionales
De acuerdo con fuentes internas, las principales causas de no acreditación derivan de inconsistencias patrimoniales detectadas en estudios socioeconómicos y resultados desfavorables en el polígrafo. Aun así, los procedimientos de baja no siempre se ejecutan de inmediato.
Especialistas en seguridad pública advierten que la permanencia de personal sin certificación vigente abre márgenes de vulnerabilidad frente a la delincuencia organizada y deteriora la credibilidad institucional. Además, impacta en la gestión financiera de los ayuntamientos, que pueden ver limitado su acceso a recursos federales y a la emisión del Certificado Único Policial (CUP), requisito legal para el desempeño formal.
Meta pendiente
Cada año se evalúa a más de 2 mil 200 policías para renovar acreditaciones con vigencia de tres años. Sin embargo, la alta rotación en municipios y el ingreso continuo de nuevos elementos complican alcanzar cobertura total.
La normativa establece que quien no aprueba debe ser separado del cargo. En la práctica, los procesos administrativos se retrasan por el costo de indemnizaciones que los municipios aseguran no poder absorber.
La autoridad estatal ha fijado como objetivo reducir el rezago al 10 por ciento antes de finalizar 2026. El reto no es sólo aplicar exámenes, sino garantizar que las depuraciones se concreten conforme a la ley. Mientras eso no ocurra, la certificación policial en Veracruz seguirá siendo un indicador incompleto de control institucional.
