La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la mejor decisión del gobierno federal es no impulsar cambios que profundicen la polarización y generen confrontación, cuando lo verdaderamente relevante es atender los desafíos que enfrenta el país.
Aseguró que el país enfrenta incertidumbre económica interna y externa, que se suma a la necesidad de garantizar seguridad, justicia y paz para generar las condiciones necesarias para la inversión, por lo que la discusión de una reforma electoral es riesgosa e inoportuna.
“La reforma electoral más adecuada es aquella que surge de la ciudadanía, protege los principios democráticos y fortalece a las instituciones”, expuso en un comunicado.
Aseveró que la pretensión de iniciar un debate sobre la reforma electoral y plantear cambios institucionales ocurre en un momento delicado, con retos significativos en seguridad, revisión de compromisos con socios comerciales, incertidumbre económica y debilidades del Estado de Derecho.
“Ante este panorama, el país necesita estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos, no discusiones que puedan generar mayor división”, manifestó a horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo.
Afirmó que cualquier señal que sugiera debilitamiento de la libertad democrática de los ciudadanos y de las instituciones crecería la incertidumbre, frenaría aún más la inversión y limitaría la creación de empleos.
Advirtió de un posible incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con efectos directos en la posición del país frente a procesos de negociación como el TMEC, o en etapas de renovación del Acuerdo Global México-Unión Europea.
“La legitimidad de una reforma no depende únicamente de su legalidad, sino también de su origen, su proceso y su aceptación social”, reiteró.
“Por primera vez en nuestra historia reciente, una propuesta de reforma electoral no nace del consenso ciudadano, lo que introduce riesgos que deben analizarse con responsabilidad y visión de largo plazo”, añadió.
Señaló que el cuidado del sistema electoral implica actuar con responsabilidad institucional y atender con prioridad los desafíos urgentes que afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del país.
