Mientras el gobierno federal insiste en que no existe justificación para encarecer la tortilla, representantes del sector advierten que el precio actual está artificialmente contenido y ya resulta insostenible. El contraste revela una brecha cada vez más evidente entre los dichos del gobierno y la operación diaria de miles de tortillerías en el país.
Desde Palacio Nacional, a decir de la presidenta Claudia Sheinbaum el maíz se mantiene en niveles históricamente bajos, por lo que cualquier aumento en la tortilla carece de fundamento. La postura coincide con la de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que descartan presiones reales en el principal insumo.
Sin embargo, del otro lado de la cadena productiva, la lectura es distinta. Homero López, al frente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), sostiene que el precio justo debería ubicarse entre 22 y 24 pesos por kilo a nivel nacional. No se trata -aclara- de una especulación, sino de una estructura de costos que va mucho más allá del grano.
El argumento central del sector es que el maíz no lo es todo. En los últimos tres años, insumos clave como papel grado alimenticio, refacciones industriales, aditivos y energéticos han registrado aumentos sostenidos. A esto se suma un entorno operativo cada vez más oneroso, con regulaciones sanitarias, licencias y requisitos de protección civil que elevan significativamente los costos fijos.
El resultado, según el CNT, es un déficit acumulado cercano al 16% en la rentabilidad del sector. En términos prácticos, muchas tortillerías operan al límite o por debajo de su punto de equilibrio, especialmente aquellas que no alcanzan volúmenes de venta superiores a los 180 kilos diarios.
En ese sentido no es un choque de cifras, sino de enfoques. Mientras el gobierno analiza el precio desde la materia prima, los productores lo hacen desde la operación integral. Dos metodologías distintas que conducen a conclusiones opuestas.
El gobierno defiende que existen mecanismos de apoyo -como acceso a maíz subsidiado y financiamiento preferencial- para contener precios. Pero en campo, estos instrumentos no siempre compensan el incremento generalizado en costos indirectos ni la caída en el consumo.
La tortilla, símbolo alimentario y político por excelencia en México, vuelve a colocarse en el centro de una discusión estructural: ¿debe prevalecer el control de precios como medida de estabilidad social o ajustarse a la lógica real del mercado?
Por ahora, la respuesta oficial es clara. Pero la presión económica sigue acumulándose en silencio en cada tortillería del país. Y tarde o temprano, esa tensión terminará trasladándose al mostrador.
