El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) endureció su postura contra la administración estatal al emitir una réplica pública dirigida a la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, a quien acusa de mantener una política de cerrazón institucional, criminalización de la protesta y omisión frente a presuntas violaciones graves a derechos humanos.
El posicionamiento surge tras las declaraciones oficiales sobre las movilizaciones del 4 de mayo en Chicontepec y otros puntos de la entidad. En su respuesta, la organización afirma que la difusión pública del documento responde a la falta reiterada de interlocución con autoridades estatales. “Hoy colocamos a vista de la opinión pública nuestra misiva para evitar que tenga como destino el silencio y la indolencia”, señala el texto.
El FNLS sostiene que, pese a múltiples solicitudes formales de audiencia y la entrega de documentos en instancias de gobierno, no han recibido respuesta. “La respuesta siempre ha sido la indolencia, el burocratismo y la discriminación”, acusan, al tiempo que denuncian una negativa sistemática al diálogo por parte de la administración estatal.
En su réplica, la organización rechaza que el gobierno desconozca las causas de las protestas y califica esa postura como simulación. “Es desvergonzado simular que no sepa los motivos de nuestras legítimas manifestaciones”, advierten. Aseguran que sus demandas han sido planteadas desde la administración del morenista Cuitláhuac García y reiteradas durante el actual gobierno, incluso -afirman- desde el periodo de campaña electoral.
El documento enumera una serie de exigencias centrales: la liberación de Higinio Bustos Navarro, justicia para Gregorio de la Cruz de la Cruz, y la presentación con vida de Fidencio Gómez Santís, así como de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. También exigen el cese de actos represivos y la resolución de su pliego petitorio. “Usted bien sabe que nuestras demandas son producto del contexto político adverso que la política de Estado ha propiciado”, sostienen.
El FNLS acusa al gobierno estatal de incurrir en prácticas que califican como violatorias de derechos humanos, particularmente en casos que, aseguran, involucran tortura y ejecuciones extrajudiciales. “Su gobierno se niega a entregar la Carpeta de Investigación, cuando ello es violación flagrante de toda norma del derecho constitucional”, denuncian en referencia al caso de Gregorio de la Cruz de la Cruz.
En el mismo sentido, señalan que la permanencia en prisión de Higinio Bustos Navarro responde a motivaciones políticas. “Ha cumplido cinco años en prisión por motivos políticos… organismos de la ONU han emitido juicio a favor de su libertad inmediata”, afirman, al advertir que tanto el gobierno estatal como instancias federales han desatendido dichos pronunciamientos.
La organización también cuestiona el enfoque de seguridad adoptado frente a las protestas sociales. “Su juicio respecto a las acciones del 4 de mayo criminaliza y judicializa la protesta popular”, señalan. En ese contexto, lanzan cuestionamientos directos: “Si la quema de unos vehículos merece cárcel, ¿qué merece el funcionario que en omisión legitima crímenes de lesa humanidad?”.
En otro apartado, el FNLS rechaza categóricamente las imputaciones de actividades ilícitas. “El FNLS no extorsiona ni secuestra; quienes lo hacen son entes criminales coludidos con estructuras del Estado”, sostienen. Añaden que la detención de Bustos Navarro constituye, en sus palabras, una forma de “rehén de Estado”.
Asimismo, acusan a la administración de Rocío Nahle de reproducir prácticas de gobiernos anteriores. “Está usted adoptando la misma política que su antecesor: descalificar, judicializar y criminalizar nuestra lucha”, expresan, al tiempo que consideran que las declaraciones oficiales “quitan contexto político y dan luz verde a la represión”.
El FNLS advierte sobre posibles consecuencias si continúan las acciones que consideran represivas. “La amenaza de encarcelar a más compañeros por ejercer el derecho a la protesta no es la solución”, señalan. En el cierre del documento, responsabilizan directamente al gobierno estatal de cualquier acto de detención arbitraria o violencia institucional contra sus integrantes.
Por último, la organización afirma mantener abierta la vía del diálogo. “El FNLS siempre se encuentra abierto al diálogo, a obrar por la justicia para el pueblo”, concluye el posicionamiento.
