La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus hijos y varios funcionarios señalados en investigaciones abiertas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La medida también alcanza a Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz; además del senador Enrique Inzunza Cázarez, exfuncionarios estatales, mandos policiacos y autoridades municipales relacionadas con las indagatorias que se siguen en una Corte de Nueva York.
El bloqueo fue instruido mediante el Acuerdo 156/2026, emitido el 6 de mayo y distribuido al sistema financiero nacional a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La disposición obliga a suspender operaciones y congelar activos de los involucrados dentro del sistema bancario mexicano.
La notificación fue incorporada al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), plataforma utilizada para alertar a instituciones financieras sobre personas sujetas a bloqueo. A partir de la publicación, bancos y entidades financieras cuentan con un plazo de 10 días hábiles para cancelar operaciones y relaciones comerciales con los señalados.
La decisión ocurre en medio de la presión ejercida por autoridades estadounidenses, luego de que fiscales federales solicitaran órdenes de captura con fines de extradición contra varios de los implicados. Las acusaciones apuntan a una supuesta red de protección política, financiera y policial vinculada con el grupo criminal “Los Chapitos”, dedicada presuntamente al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y al encubrimiento de operaciones ilícitas.
Entre los involucrados figuran Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Gerardo Mérida Sánchez, extitular de Seguridad Pública; además de exmandos policiacos y funcionarios municipales acusados de recibir sobornos, filtrar información operativa y colaborar presuntamente con la organización criminal.
En la lista también aparecen Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general; Juan de Dios Gámez Mendívil; y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal, junto con otros servidores públicos bajo investigación.
Hasta ahora, el Gobierno de México no ha confirmado órdenes de aprehensión contra los señalados, aunque permitió la aplicación de medidas financieras restrictivas. La administración de Claudia Sheinbaum sostuvo que cualquier eventual proceso de extradición deberá realizarse conforme a los mecanismos legales y tratados bilaterales vigentes entre México y Estados Unidos.
