Desde uno de los patios centrales de Palacio de Gobierno de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle lanzó severas críticas contra el esquema de bursatilización municipal impulsado durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán —padre del diputado federal Javier Herrera Borunda, con quien presuntamente mantiene una alianza política— y operado financieramente en la administración de Javier Duarte, al que calificó como “una estrategia cruel para ayudar a banqueros”.
Sin embargo, el posicionamiento de la mandataria vuelve a colocar sobre la mesa una contradicción política y financiera. Si aquel modelo comprometió durante años las finanzas municipales, ¿por qué el actual gobierno impulsa un nuevo esquema de refinanciamiento que nuevamente centraliza desde el estado el control de la deuda de los ayuntamientos?
Durante conferencia de prensa, Nahle defendió la propuesta promovida por su administración y recordó que el próximo 25 de mayo vence el plazo para que los 199 municipios veracruzanos entreguen al Congreso local las actas de cabildo donde autoricen adherirse al nuevo mecanismo financiero.
No obstante, la gobernadora evitó informar cuántos ayuntamientos han aceptado incorporarse al esquema. Tampoco precisó qué ocurrirá en caso de que uno o varios municipios decidan no participar. La omisión sobre el proyecto depende jurídicamente de la aprobación municipal, la premura política por concretarlo antes de alcanzar consenso total abre nuevas dudas sobre la viabilidad real de la operación.
Nahle aseguró incluso que el Gobierno del Estado ya “compró” la deuda municipal. Sin embargo, técnicamente el proceso aún no se ha formalizado. Los ayuntamientos no han autorizado su adhesión mediante acuerdos de cabildo y, sin ese requisito, la reestructura permanece en fase de intención política más que de operación financiera consumada.
Aunque la mandataria condena la bursatilización aplicada en gobiernos anteriores por hipotecar durante años las participaciones federales de los municipios, el nuevo planteamiento reproduce elementos similares tales como: refinanciamiento operado desde el estado, banca privada como eje financiero y ayuntamientos sujetos a presión política y tiempos límite.
¿Se está desmontando el modelo que Nahle critica o simplemente se está redefiniendo quién administra el negocio de la deuda pública municipal?
