Reportes publicados por el periódico estadounidense The New York Times señalan que al menos 12 funcionarios públicos mexicanos establecieron contacto con autoridades de Estados Unidos para actuar como informantes, tras el incremento de indagatorias del gobierno norteamericano contra servidores y exservidores públicos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con la investigación periodística, el grupo incluye a legisladores y gobernadores pertenecientes a Morena y a otras organizaciones políticas. Las fuentes consultadas por el diario detallaron que el acercamiento busca el intercambio de datos sobre otros actores políticos a cambio de beneficios en sus propios expedientes.
“Al menos una docena de funcionarios electos en México -incluidos gobernadores y congresistas, muchos del partido gobernante- se han puesto en contacto con Estados Unidos para intercambiar información sobre otros políticos, según varias fuentes”, cita el reporte original.
La publicación indica que esta colaboración responde a una estrategia de aproximación confidencial diseñada por la Administración para el Control de Drogas (DEA). El propósito de los funcionarios firmantes, según los testimonios recabados, es anticiparse a los procesos judiciales penales que la justicia estadounidense proyecta abrir en su contra.
El informe vincula directamente a dos mandatarios estatales de la actual administración. Cinco fuentes con conocimiento directo de los casos, quienes solicitaron el anonimato, confirmaron que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se encuentran clasificados como objetivos formales dentro de las investigaciones por corrupción conducidas por agencias de Estados Unidos.
