Jesús Lezama
Las revoluciones del siglo XIX y XX entraban en las ciudades con violencia, fusiles y consignas visibles. Necesitaban asaltar palacios, ocupar las plazas y derribar las estatuas para imponer un nuevo orden. El poder contemporáneo aprendió a ser más discreto y eficiente. No necesita la fuerza bruta; le basta con el control de las pantallas, la manipulación del lenguaje y la fabricación metódica de enemigos imaginarios.
El régimen actual en México descubrió que para retener el control del Estado y cohesionar a su base social no se requiere la producción de riqueza, la pacificación de las regiones o la eficiencia en los servicios públicos; basta con la venta diaria de una amenaza externa en la frontera norte.
En la compleja relación con Estados Unidos, el aparato oficial de Morena diseñó una narrativa de consumo masivo: la inminente “invasión” militar o la intervención encubierta de las agencias de Washington.
El concepto histórico de soberanía nacional se transformó así en una herramienta técnica de ingeniería política, utilizada para justificar la opacidad, eludir la fiscalización de los recursos públicos y prolongar el abuso de la mentira ante un electorado cautivo.
Su mayor triunfo consiste en lograr que la incompetencia administrativa deje de parecer un problema de gestión y se presente como el costo necesario de una resistencia heroica frente al imperio.
La operación funciona mediante la sustitución sistemática de la estadística por el mito. El debate real sobre el avance de los carteles, los índices de homicidios, el desabasto del sistema de salud o el deterioro de la infraestructura desaparece del foco público.
En su lugar, la maquinaria de propaganda coloca conceptos abstractos de dignidad-patria, conspiraciones extranjeras y complots mediáticos. La estrategia radica en envolver la agenda de centralización del poder dentro de una causa universal difícil de rechazar en público: la defensa de la patria. ¿Quién va a declararse partidario de la sumisión extranjera? ¿Quién quiere aparecer como aliado de los intereses de Washington?
El aparato del Estado financia y multiplica esta narrativa en redes sociales, medios públicos y asambleas comunitarias. No se busca la preparación de una defensa territorial legítima ni el fortalecimiento de las fuerzas armadas para tareas de seguridad nacional; se busca la uniformidad del voto a través del miedo al exterior.
El ciudadano que cuestiona el fracaso de una política pública no ejerce un derecho civil, sino que recibe la etiqueta de traidor o agente al servicio de intereses transnacionales.
Esta operación de control social esconde una contradicción material profunda. Cuando la retórica oficial denuncia diariamente la intervención y el colonialismo de los vecinos del norte, la economía del país sobrevive y se mantiene a flote gracias a las remesas enviadas por los migrantes y al intercambio comercial regulado por el T-MEC.
El dinero generado en el mercado estadounidense sostiene la estructura financiera de millones de familias mexicanas, mientras el discurso gubernamental vende la ilusión de la autarquía y el aislamiento ideológico. Pekín o Washington no necesitan alterar la política interna cuando el propio régimen utiliza la dependencia económica como una palanca de polarización interna.
Al final, la soberanía dejó de ser la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la protección del territorio frente a abusos externos. Hoy, el concepto funciona como el mecanismo predilecto de la burocracia para evadir la rendición de cuentas, invisibilizar el fracaso de las políticas de seguridad y perpetuar una mitología electoral altamente eficaz. Las decisiones del gobierno no se evalúan por sus resultados, sino por la etiqueta de pureza nacionalista con la que se presentan.
Una mala política pública no deja de ser peligrosa por el hecho de envolverse en la bandera nacional, de la misma forma en que un engaño estadístico no se convierte en verdad por el simple hecho de ser pronunciado en nombre del pueblo.
