La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió la existencia de elementos probatorios o carpetas de investigación abiertas contra Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presunta vinculación con esquemas de contrabando de combustible en aduanas del país.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución encabezada por Ernestina Godoy aclaró que es falso que disponga de testimonios imputativos o datos con suficiente solidez legal para proceder contra el empresario y político.
Menciones indirectas en el expediente
A pesar de la postura oficial del Ministerio Público de la Federación, constancias integradas en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024 —iniciada contra los mandos navales Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal— registran alusiones indirectas a las clave “Andy” y “el hijo del Presidente”.
- Testimonio bajo reserva: El capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico y registrado como testigo protegido con la clave “Santo”, refirió en un escrito del 13 de mayo de 2025 que, tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon con 10 millones de litros de combustible ilegal, su enlace operacional —Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “El Capitán Sol”— argumentó que la contingencia respondía a fricciones políticas entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el hijo del exmandatario.
- Declaración aduanera: Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera en Guaymas, declaró el 27 de febrero de 2025 que durante la descarga irregular del buque Torm Agnes, “El Capitán Sol” afirmó que se gestionaría el asunto ante mandos de la Secretaría de Marina alegando que se trataba de “un tema de Andy”.
Contexto institucional
La aclaración del órgano procurador de justicia ocurre en un contexto de escrutinio internacional, luego de que el propio López Beltrán diera a conocer la cancelación de su visado de entrada a Estados Unidos por parte de autoridades norteamericanas. Sin embargo, la FGR reiteró que no existen elementos para configurar acción penal alguna a nivel nacional.
