La Fiscalía General de la República (FGR) estableció una línea de investigación que conecta la salida de Ovidio Guzmán del sistema penitenciario ordinario de Estados Unidos con la privación ilegal de la libertad de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en territorio mexicano.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos detalló la cronología de los hechos que sustentan esta hipótesis de la institución.
La cronología de los hechos
De acuerdo con los registros de la FGR, los acontecimientos se desarrollaron en las siguientes fechas:
23 de julio de 2024: La FGR detectó, a través de reportes diplomáticos y de prensa, que Ovidio Guzmán —extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023— ingresó al programa de testigos protegidos en territorio estadounidense.
- 25 de julio de 2024: La Embajada de Estados Unidos notificó formalmente a México sobre la modificación de la medida cautelar aplicada a Guzmán, realizada sin consulta previa.
- 25 de julio de 2024 (mismo día): Se ejecutó el traslado no autorizado de Ismael Zambada desde el estado de Sinaloa hacia un aeródromo en Nuevo México, Estados Unidos, donde fue detenido junto a Joaquín Guzmán López.
La fiscalía señaló que la coincidencia temporal, los lazos familiares y la estructura de la organización delictiva apuntan a que la liberación de Ovidio Guzmán y la posterior recepción de 17 de sus familiares en Estados Unidos facilitaron la entrega y captura de Zambada.
Contradicciones sobre la participación del FBI
La FGR indaga también la presunta intervención directa de agencias estadounidenses en suelo mexicano. La fiscal Godoy Ramos citó un reporte periodístico reciente en el cual el Buró Federal de Investigación (FBI) reconoce la autoría del operativo de captura, teniendo a Joaquín Guzmán López como el ejecutor material del traslado.
Esta versión contrasta con las declaraciones emitidas en agosto de 2024 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien descartó la intervención de agencias, pilotos o aeronaves de su país, calificando el suceso como un conflicto interno entre facciones del crimen organizado.
La representación social mexicana mantiene abierta la investigación para determinar si existió una violación a la soberanía nacional mediante la incursión de agentes extranjeros en este operativo.
