La presidenta Claudia Sheinbaum salió a ponerle traductor político a los citatorios de la Fiscalía General de la República: “son entrevistas, no imputaciones”. La precisión llegó después de que la FGR llamara a declarar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dentro de investigaciones ligadas a narcotráfico y operaciones criminales.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum insistió en que nadie está acusado formalmente. Según dijo, la Fiscalía únicamente realiza entrevistas como parte de procesos abiertos. Es decir, todavía no hay delito, pero ya hay micrófono, expediente y silla apartada en la fiscalía.
El caso de Sinaloa escaló después de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York anunciaran el pasado 29 de abril acusaciones por narcotráfico y tráfico de armas. La onda expansiva alcanzó a figuras del morenismo sinaloense, entre ellas el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
La FGR citó a diez funcionarios sinaloenses. En el discurso oficial, todos llegan como entrevistados. En la práctica, cuando la Fiscalía toca la puerta, nadie cree que sea para pedir referencias laborales.
En paralelo, Maru Campos también fue requerida por la FGR dentro de una investigación relacionada con un operativo contra un narcolaboratorio donde murieron dos agentes estadounidenses, identificados por diversos medios como presuntos integrantes de la CIA. El tema cruzó fronteras y convirtió un asunto estatal en problema diplomático.
La escena retrata la nueva normalidad de la política mexicana: gobernadores bajo investigación, senadores citados y conferencias mañaneras funcionando como oficina de control de daños. Mientras la Fiscalía reparte entrevistas, el poder intenta venderlas como simples trámites administrativos. Porque en México, primero llegan los citatorios y después aparece el discurso de que “no pasa nada”.
