Las organizaciones del narcotráfico en México han diversificado de forma drástica sus operaciones financieras. La venta de estupefacientes y el tráfico de armas ya no representan su única fuente de ingresos; ahora, las redes del crimen organizado se infiltran en la economía formal e informal, impactando de manera directa a trabajadores, productores rurales y consumidores finales.
A través del cobro de cuotas y la extorsión sistemática, grupos criminales han tomado el control de cadenas de producción agropecuarias clave. Los cultivos de aguacate, limón y tomate son algunos de los más afectados, provocando un encarecimiento en el precio final de los alimentos que llegan al consumidor.
A esta red de despojo se suman otras actividades del sector primario y extractivo:
- Tala ilegal: Deforestación coordinada para apoderarse de terrenos de siembra o para comercializar madera en el mercado negro.
- Asedio a la pesca: En las costas del Pacífico, grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —en alianza con bandas regionales como Los Lobos en Ecuador— extorsionan a pescadores para obligarlos a transportar cargamentos ilícitos o participar en la pesca furtiva.
- Minería ilícita: Extracción irregular de insumos como el mercurio, detectada en entidades como Querétaro, cuyo destino final es la exportación hacia grupos armados en la región amazónica de Bolivia, Colombia, Uruguay y Chile.
- Inmobiliarias y turismo: Inyección de capitales de origen ilícito en complejos turísticos y desarrollos urbanos para el lavado de dinero.
El despliegue transnacional de estas células delictivas consolida un modelo de negocios diversificado que ya no solo opera en las sombras, sino que somete a la economía rural y despoja a comunidades enteras de sus medios de subsistencia.
