Human Rights Watch (HRW) encendió las alarmas internacionales al exigir al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la revisión urgente de los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, al advertir que representan una grave amenaza contra la libertad de expresión y el periodismo independiente en México.
La organización defensora de derechos humanos cuestionó duramente la propuesta que otorga facultades extraordinarias a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —organismo subordinado al Ejecutivo Federal— para imponer multas de hasta el 1% de los ingresos anuales acumulables a los medios que, a su criterio, difundan información “falsa”, “desactualizada” o “descontextualizada”.
“La veracidad es un pilar fundamental del periodismo responsable, pero el gobierno no debería ser quien decida si los medios de comunicación están haciendo bien su trabajo”, sentenció Jorge Peniche, investigador de HRW en México.
| Claves de la controversia | Detalle |
| Ente regulador | Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (dependiente del gobierno federal). |
| Sanciones propuestas | Multas de hasta el 1% de los ingresos anuales acumulables de la empresa periodística. |
| Poder de veto | La CRT podría revocar las resoluciones de los defensores de las audiencias elegidos por los propios medios. |
| Mecanismo de control paralelo | HRW señaló el espacio gubernamental “Derecho de réplica”, conducido por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, por estigmatizar a la prensa. |
El organismo recordó que el esquema vigente desde 2014 apuesta por la autorregulación mediática. Sin embargo, el nuevo marco normativo permitiría que cualquier resolución interna sea impugnada ante la CRT, convirtiendo al Estado en un juez de la verdad con capacidad punitiva.
HRW advirtió que la mejor herramienta contra la desinformación es un ecosistema mediático plural y diverso, no la creación de un tribunal oficial con facultades para asfixiar económicamente a las voces críticas.
