En esta tierra donde la justicia suele responder a los caprichos del palacio de turno antes que al dictamen de la ley, las palabras vuelven a resonar con el peso de la historia. Dante Delgado Rannauro ha levantado la voz para fijar una postura implacable frente a la escalada de desatenciones y atropellos que, sostiene, el Ejecutivo estatal ha endilgado a Movimiento Ciudadano. “Hace mucho que en Veracruz no hay buenas noticias”, sentenció, dibujando un diagnóstico crudo sobre una entidad donde el aparato persecutor muta de siglas, pero jamás de Maquiavelo.
Con la autoridad que le otorga haber sentado sus reales en la magistratura veracruzana sin caer -afirma- en la tentación del espionaje penal o la presión judicial, Delgado trazó una línea paralela entre el ayer y el hoy. Si en el sexenio pasado la detención e internamiento de José Manuel del Río Virgen expuso las costuras de un sistema represivo, la administración en turno no ha mostrado intenciones de variar la ruta. La narrativa oficial, advierte, sustituyó a las investigaciones formales: primero se juzga mediáticamente desde la tribuna y después se acomodan los expedientes en los juzgados.
El reclamo de Delgado Rannauro se sustenta en hechos recientes que alimentan la tirantez política. Recordó que, tras asistir por cortesía institucional a la toma de posesión del actual gobierno el pasado 1 de diciembre de 2024, el saldo a casi dos años de gestión resulta desalentador. Las elecciones municipales de 2025 dejaron cicatrices hondas: candidaturas bajo amenaza, la trágica pérdida de la activista Avisack Douglas en Juan Rodríguez Clara, y el despojo en las urnas de plazas como Poza Rica y Papantla mediante maniobras poselectorales que la dirigencia naranja califica, sin ambages, como el primer fraude electoral del nuevo régimen en suelo jarocho.
El señalamiento del líder naranja va más allá de la arena del sufragio. Alcanza la labor de auxilio a la población en momentos de desastre, criminalizada desde la visión oficialista, y la remoción de fueros legislativos a presidentes municipales como los de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, concretados a puerta cerrada. Casos como la fuga de cuadros hacia las filas guindas -evidenciada en la coacción sobre el liderazgo de Las Choapas- responden, a decir del dirigente, a un modus operandi replicado a nivel nacional en entidades como Nayarit, Puebla, Tabasco y Campeche, donde la ley adquiere un rigor extremo para el opositor y una laxitud cómplice para el correligionario.
Frente a la simulación de autonomías que terminan actuando como fiscalías de consigna, el movimiento que abandera alzaría la voz para proponer que la procuración de justicia vuelva formalmente al ámbito del Ejecutivo, a fin de que los gobernantes asuman de cara a la ciudadanía el costo político de la arbitrariedad.
La contienda que viene ya se perfila en el discurso de Dante Delgado, quien advierte que la verdadera urgencia del estado no reside en sofocar voces disidentes, sino en encarar las deudas pendientes con las víctimas de la violencia y las miles de familias que buscan a sus desaparecidos. “El peor año de un régimen es siempre el que sigue”, remató con ironía fina, recordando que el poder absoluto suele ser quebradizo.
