Un esquema financiero irregular por aproximadamente 280 millones de pesos, operado dentro de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), fue al descubierto tras una revisión exhaustiva de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Los recursos públicos, destinados originalmente al pago de la plantilla docente y operativa, eran desviados hacia empresas intermediarias antes de llegar a sus destinatarios finales.
Miguel Reyes Hernández, titular de la Sefiplan, confirmó que el Gobierno del Estado formalizó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades financieras solicitaron investigar la posible comisión de delitos de fuero federal y estatal, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El entramado financiero
El rastreo contable reveló que la administración de los fondos estaba a cargo de la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C., asociación civil ligada a la gestión económica de la universidad.
A través de esta figura, el dinero se triangulaba hacia una serie de compañías corporativas. El flujo transaccionaba primero por una empresa del ramo inmobiliario y posteriormente por una agencia de publicidad. Desde esta última firma se dispersaban las nóminas a los profesores bajo conceptos ajenos a la prestación de servicios educativos; entre los hallazgos destaca la facturación de honorarios por presunta publicidad contratada a personal activo de la propia casa de estudios.
Evasión de obligaciones laborales
Además del presunto desvío de capitales, este modelo operativo permitía a la UPAV deslindarse de compromisos patronales. Al mediar empresas fachadas o externas en el pago de sueldos, la institución evitaba formalizar relaciones de trabajo directas, omitiendo la acumulación de antigüedad y la cobertura de prestaciones de ley para los académicos.
Reyes Hernández enfatizó que la Sefiplan concluyó la entrega del expediente probatorio ante las instancias judiciales. Corresponderá ahora a los ministerios públicos esclarecer la ruta final del dinero y deslindar las responsabilidades penales contra quienes resulten responsables.
