A pesar de que el estado de Veracruz concentra una de las inyecciones presupuestales más altas del país para el sector médico, la realidad en clínicas, centros de salud y hospitales arroja un panorama desolador. La crisis por desabasto de medicamentos y la precariedad operativa golpean directamente a los pacientes más vulnerables, evidenciando una profunda desconexión entre las cifras millonarias reportadas por las administraciones federal, de Claudia Sheinbaum, y estatal, de Rocío Nahle, y la carencia cotidiana que padecen los veracruzanos.
Un análisis detallado —realizado por Palabras Claras— del Gasto Federalizado y del Presupuesto de Egresos revela cómo los recursos destinados a la salud pública se esfuman en la opacidad administrativa, mientras las familias continúan costeando de su propia bolsa recetas, insumos y estudios clínicos.
El laberinto financiero: ¿dónde quedan los fondos federales?
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondientes al periodo de enero a agosto, Veracruz recibe financiamiento para el sector salud principalmente de dos fuentes federales:
- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA – Ramo 33): De una bolsa nacional total de 56,696.7 millones de pesos, la entidad ha captado 3,972.4 millones de pesos, lo que representa el 7.0 % del total nacional.
- Recursos de Protección Social en Salud (antes Seguro Popular): De un total nacional de 42,622.2 millones de pesos, a Veracruz se le han asignado 1,097.6 millones de pesos, equivalentes al 2.6 %.
A pesar de estas cifras multimillonarias transferidas desde la Federación, la centralización de los servicios hacia el esquema IMSS-Bienestar —que asumió el control de 894 de las 896 unidades médicas que operaban en el territorio veracruzano— ha generado un limbo operativo.
El convenio de colaboración estipula que la plantilla de personal pagada originalmente mediante el FASSA y los recursos de operación serían transferidos íntegramente al nuevo modelo federal. Sin embargo, el Estado mantiene la obligación de aportar recursos estatales complementarios para cubrir aquellas plazas médicas que quedaron fuera de la cobertura federal, tensionando aún más las finanzas locales.
Presupuesto inflado y hospitales vacíos
Para este ejercicio fiscal 2026, el Presupuesto de Egresos de Veracruz contempla que la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER-SSA) reciban un total de 11,722.6 millones de pesos.
Esta cifra se compone de:
- 7,694.4 millones de pesos provenientes de recursos federales.
- 3,948.3 millones de pesos de recursos de carácter estatal.
- 80 millones de pesos autogenerados a través de cuotas de recuperación cobradas en hospitales de alta especialidad, como el Centro de Especialidades Médicas (CEM) «Dr. Rafael Lucio».
Si bien el presupuesto asignado a salud representa el 6.6 % del gasto total del estado (177,408.4 millones de pesos) y un 10.7 % del presupuesto neto que maneja directamente el Poder Ejecutivo estatal —descontando municipios, deuda pública, órganos autónomos y provisiones salariales—, el incremento en el papel no se traduce en una atención digna.
La factura la pagan los pacientes
Las cifras contrastan brutalmente con las denuncias diarias en nosocomios de Xalapa, el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica. Las familias continúan enfrentando carencias severas de medicamentos oncológicos, material de curación básico y equipos de diagnóstico averiados.
Mientras los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación presumen la federalización y optimización de los servicios a través del IMSS-Bienestar, los datos demuestran que el flujo de recursos federales resulta insuficiente o ineficientemente operado, dejando a la deriva la salud de millones de veracruzanos.
La información fiscal y presupuestal aquí presentada está basada en los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , el decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) respecto al convenio IMSS-Bienestar, así como registros de infraestructura médica documentados por medios locales.
