- Nuevas filtraciones de Latinus exhiben la trama de complicidades que vincula los millonarios negocios petroleros del círculo familiar de Andrés Manuel López Obrador con la administración veracruzana.
Investigaciones periodísticas recientes han vuelto a colocar bajo los reflectores la relación directa entre Amílcar Olán —operador financiero e íntimo de los hijos del expresidente López Obrador (Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán)— y Leonardo Cornejo Serrano, actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en el gobierno de Veracruz encabezado por la morenista Rocío Nahle.
La ruta de los millonarios contratos en Dos Bocas
Las revelaciones, basadas en grabaciones telefónicas, documentan cómo operaba el grupo conocido como “El Clan” en el sector de hidrocarburos durante el sexenio pasado. Entre las operaciones atribuidas a esta red figuran desde el suministro de combustible irregular para maquinaria vinculada al Tren Maya hasta contratos especializados por más de 22 mil millones de pesos adjudicados en la refinería de Dos Bocas.
En el centro de esta maquinaria contractual se encontraba Leonardo Cornejo, quien fungió como responsable directo de la construcción del complejo refinador bajo las órdenes de la señora Nahle, entonces titular de la Secretaría de Energía (Sener).
Del centro neurálgico federal al gabinete en Veracruz
El vínculo entre Cornejo y el círculo cercano al poder federal trascendió el ámbito energético nacional. Al asumir la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle integró a Cornejo Serrano a su gabinete para encabezar la SIOP, concentrando el control absoluto de la obra pública estatal.
Esta designación ha sido cuestionada de manera frontal en el espacio editorial de Palabras Claras, que desde el inicio de la administración advirtieron sobre el enorme “paquetote” y la concentración de responsabilidades en un funcionario cuyo historial técnico y político en Dos Bocas ha estado marcado por señalamientos de opacidad y contratos discrecionales.
La persistencia de estas redes de influencia expone los retos de fiscalización y rendición de cuentas que enfrenta la infraestructura pública en Veracruz, donde viejos operadores del centro asumen el control de los recursos estatales bajo el amparo de las nuevas administraciones.
He aqui el reportaje de Latinus:
