La estela de irregularidades tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala del Instituto Nacional Electoral (INE) sigue arrojando cifras millonarias y compromisos presupuestales a largo plazo. Una revisión a los procesos de licitación y adjudicación de los ejercicios 2025 y 2026 revela que la estructura operativa de la expresidenta del órgano electoral comprometió un monto superior a los 2 mil 500 millones de pesos a través de al menos seis contratos cuya vigencia se prolonga hasta el año 2031.
Las firmas de estas asignaciones multimillonarias corrieron a cargo de funcionarios clave dentro del entramado cercano a Taddei, entre los que figuran Jesús Octavio García González, Iliana Hernández Gómez,Mario Burciaga y Alejandro Sosa. Tras hacerse públicos estos movimientos, las autoridades internas del INE procedieron a frenar nuevas contrataciones para someter a revisión el pasivo financiero emitido por dicha gestión.
La sombra sobre la nueva presidencia interina
El relevo en el máximo órgano electoral tampoco queda exento de cuestionamientos. Blanca Cruz, designada como presidenta interina del INE tras haber encabezado el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Puebla entre 2022 y 2026, arrastra señalamientos administrativos de origen.
De acuerdo con un informe emitido en abril de 2026 por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, durante la gestión de Cruz en 2024 se otorgó un contrato por 129.7 millones de pesos a la empresa Comercializadora JVLY para la adquisición de material electoral local. La fiscalización estatal detectó que el organismo poblano omitió la documentación legal básica, la propuesta técnica, la oferta económica y el oficio formal de autorización presupuestal. Cabe destacar que Comercializadora JVLY fue una de las proveedoras recurrentes del INE bajo el mandato de Taddei y acumula observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) vinculadas a presuntos cobros por servicios no prestados.
Citatorio en el Congreso y denuncia penal ante la FGR
El impacto político y fiscal de estas revelaciones motivó una respuesta inmediata en el Poder Legislativo. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad llamar a comparecer a Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE.
Esquema de comparecencia: El coordinador bancario del PAN, Elías Lixa, puntualizó que la solicitud impulsada por la oposición fue respaldada unánimemente. Carvente Contreras acudirá a la Comisión de Vigilancia para rendir informe público sobre las investigaciones en curso, y sostendrá una reunión privada con la Jucopo para abordar aspectos reservados de los expedientes.
Tiempos legislativos: Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, confirmó que se prevé desahogar la comparecencia en el transcurso de esta misma semana.
Investigaciones del OIC: El titular del órgano fiscalizador reportó previamente que mantiene abiertas indagatorias sobre 15 funcionarios y exfuncionarios, 8 personas físicas y 18 empresas involucradas en presuntas anomalías. Pese a estas líneas de investigación, en dos años no se promovieron querellas penales ni sanciones definitivas.
Postura opositora: La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, enfatizó que la dimisión de Taddei no exime de responsabilidad ni es causal para dar por concluidos los expedientes abiertos.
De manera paralela, la dirigencia del Partido Acción Nacional interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). El representante jurídico del partido, Roberto Gil, formalizó la acusación contra servidores públicos, empresarios y particulares por la presunta comisión de seis delitos de orden federal: uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Pide la Presidencia ampliar auditorías a periodos anteriores
Cuestionada sobre la crisis institucional del INE durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por transparentar la totalidad de las asignaciones de obra y proveeduría del instituto, sugiriendo que la ASF extienda el escrutinio hacia administraciones pasadas, en particular la de Lorenzo Córdova Vianello.
“Todo tiene que auditarse, tienen que transparentarse todos esos contratos, tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente, y debe informarse desde cuándo se firmaron con estos contratistas”, sostuvo la mandataria federal.
