Un esquema de distorsión de mercado y sobrecostos estratosféricos salpica al sistema electoral mexicano. Durante las últimas dos décadas, un selecto grupo de no más de cinco empresas ha acaparado los contratos para la producción de materiales electorales y la impresión de boletas, tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La advertencia fue lanzada por el diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien señaló que la escasa competencia en el sector ha creado un incentivo de corrupción sistémico que trasciende colores partidistas y administraciones.
“Siento que el material electoral en general, no de ahorita, estoy hablando más de 20 años, hay oligopolios (…). Si le entramos a fondo y con pruebas vamos a encontrar que hay sobreprecios irreales”, aseveró el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Investigación forense en marcha
Ante la sospecha de costos inflados artificialmente, la ASF puso en marcha sus nuevas atribuciones legales —vigentes desde mayo pasado— que le permiten iniciar de oficio o por denuncia ciudadana investigaciones por faltas administrativas graves. La recién creada área de investigación forense del órgano auditor ya comenzó con el rastreo de irregularidades.
- Requerimientos masivos: Se han girado oficios de información no solo a entes públicos, sino también a las empresas privadas involucradas.
- Apertura de expediente: La investigación tomó como punto de partida reportajes periodísticos que documentaron las inconsistencias en las licitaciones.
- Procesos de comparecencia: Como parte del seguimiento legislativo, este viernes comparecerá ante la Comisión de Vigilancia el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente,seguido posteriormente por Aureliano Hernández Palacios, titular de la ASF.
Herrera Borunda enfatizó la necesidad de llevar a cabo un estudio integral de mercado para determinar el costo real de los insumos electorales y desmantelar el monopolio que ha encarecido la democracia en los estados y a nivel federal.
