El oficialismo veracruzano echó a volar las campanas al vuelo. En un ejercicio de nado sincronizado tan burdo como predecible, funcionarios del gobierno estatal salieron a presumir a los cuatro vientos una encuesta de Arias Consultores que coloca a la gobernadora Rocío Nahle García en el segundo lugar nacional de percepción de honestidad. Lo que la narrativa del palacio omitió —con descarada conveniencia— es la otra mitad del espejo: el 43.1% de los veracruzanos la percibe lisa y llanamente como corrupta.
Frente al 43.5% que opina lo contrario, el resultado real de la medición no es un cheque en blanco ni un triunfo deslumbrante, sino una entidad fracturada a la mitad que cuestiona de origen la probidad de la mandataria. Pretender vender como aclamación popular un empate técnico en la desconfianza ciudadana —obtenido, además, en una medición digital por Facebook sujeta al sesgo de autoselección y al activismo de redes sociales— es una muestra de cinismo o de una alarmante desconexión con la realidad. Se olvida que el sesgo metodológico deja fuera a la ciudadanía rural y a los sectores con limitado acceso a internet, aquellos que verdaderamente padecen el rigor de la gestión pública.
ASF da golpe demoledor a Nahle
El triunfalismo de la propaganda choca de frente con la crudeza de las cifras y los hechos formales. La retórica gubernamental intenta matizar los señalamientos de opacidad, enriquecimiento ilícito y las sombras impunes del costo de la Refinería Dos Bocas, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha propinado un golpe demoledor a la rendición de cuentas del primer año completo de la administración estatal: más de 137.7 millones de pesos bajo la lupa y pendientes de aclaración.
Este panorama de descontrol presupuestal contrasta con la orden implacable girada desde el poder: la mandataria advirtió a su contralora general, Bárbara Galindo, que no toleraría una sola observación en las dependencias bajo su cargo. Una exigencia a modo que coadyuvaba con los “limpios” y complacientes informes de la Cuenta Pública que entregaba su incondicional Delia González Cobos —entonces al frente del ORFIS y hoy apuntada en la lista de aspirantes a diputada por Morena—.
Las irregularidades documentadas por el organismo fiscalizador federal en la Cuenta Pública 2025 trascienden el mero desorden operativo; retratan una vulneración sistemática al erario en los sectores más sensibles del bienestar social:
- Fantasmas y complicidades en la Educación (SEV): Se registran 48.6 millones de pesos observados en la nómina educativa. Destacan 38.9 millones asignados a 105 trabajadores con plazas en planteles ubicados en zonas geográficamente incompatibles, 5.4 millones cobrados por personal con licencia sin goce de sueldo, 2.2 millones a exempleados tras su baja formal, y el colmo del descaro: 648 mil pesos destinados a 14 personas registradas como fallecidas, además del financiamiento a comisionados sindicales sin función docente.
- Desvíos y parches en Salud (SESVER): Las observaciones alcanzaron 87.4 millones de pesos,resaltando el uso ilegítimo de 86.9 millones del Presupuesto 2025 para tapar boquetes y saldar remuneraciones de 2024 sin sustento legal ni autorización adecuada.
- Lucro en la asistencia e infraestructura: El DIF estatal entregó apoyos por 319 mil pesos a 88 beneficiarios difuntos, mientras que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas mantiene retenido un anticipo de obra por 1.3 millones de pesos sin acreditar su devolución a la Federación.
- Boquete municipal: A la debacle del Ejecutivo se suman 942.3 millones de pesos observados a 10 ayuntamientos —liderados por Soteapan, Tempoal y Pajapan—, elevando el desfalco o desorden pendiente de aclaración en la entidad a un astronómico acumulado de más de mil 80 millones de pesos.
La fiscalización de la ASF aún no concluye, pero el diagnóstico preliminar es contundente. Los quiebres del gasto público en Veracruz demuestran que las anomalías no pueden despacharse como simples descuidos administrativos o errores de dedo.
Rocío Nahle tiene cuentas muy claras que rendir; mientras su aparato propagandístico insista en disfrazar la sospecha ciudadana con laureles de papel, la contabilidad oficial se encarga de recordarle que el dinero de los veracruzanos sigue sin aparecer.
