La Fiscalía General de la República con apoyo de la Guardia nacional, aseguró el predio de siete hectáreas en Oztoyahualco, catalogada como Aérea B de restricción de la Zona Arqueológica de Teotihuacán dónde particulares llevaron a cabo destrucción y saqueo de vestigios arqueológicos.
La diligencia se llevó a cabo en punto de las siete de la mañana de este lunes cuando ministerios públicos y peritos especialistas de la FGR acudieron al predio, ubicado a unos 800 metros de las pirámides de Teotihuacan.
El aseguramiento se derivó de la denuncia penal que presentó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la destrucción arqueológica en el predio, dónde presuntamente se construía un parque ecoturístico sin los permisos correspondientes.
Primero un grupo de 300 elementos de la Guardia Nacional se desplegó a lo largo del predio, mientras que peritos y ministerios públicos ingresaron al terreno. En el interior solo había un trabajador.
El operativo se realizó temprano para evitar el arribo de trabajadores quienes opusieron ofrecieron resistencia la ocasión pasada.
Personal de la FGR colocó los sellos de aseguramiento tanto en todos los accesos al predio como en su interior, así como bandas amarillas para evitar el paso.
Con esto, los dueños del predio, la familia del exalcalde René Monterrubio, no podrá acceder para seguir construyendo. Ya desde hace tres meses se inició la edificación de desmonte del terreno, construcción de cuartos y barda perimetral.
El pasado jueves se llevó a cabo la diligencia a cargo del INAH pero a pesar de que ya había colocado sellos de clausura entres ocasiones estos no habían sido respetados.
Desde enero pasado los dueños del terreno llevan a cabo obras presuntamente de un parque ecoturístico en el predio denominado Oztoyahualco, catalogado como Aérea B de restricción de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, y está ubicado a unos 800 metros de las pirámides.
Ante las denuncias, personal del INAH tomó cartas en el asunto y el 4 y 5 de marzo su personal realizó la primera visita de inspección, en la que confirmó que las obras se realizaban de manera irregular por la cual se procedió a colocar sellos de suspensión de la obra.
Días después, el 30 de marzo, una vez que venció el plazo que la ley le otorga al propietario del predio para la regularización; realizó una nueva visita de verificación y observó que los sellos de la primera suspensión habían sido violados y que las obras continuaban de manera ilícita.
Por ello, se volvieron a colocar sellos de suspensión y se determinó el 20 de abril levantar la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable, ante el Ministerio Público Federal con sede en Texcoco. Sin embargo, actualmente las obras continúan.
El pasado 24 de mayo, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), demandó a las autoridades mexicanas detener la destrucción arqueológica, además de que se evalúen las afectaciones por los organismos profesionales autorizados y perseguir a quien o quienes resulten responsables de la destrucción y saqueo.
