En México ninguna plataforma digital de transporte cumple estándares laborales mínimos con sus trabajadores, indicó un estudio presentado este jueves por la organización internacional Fairwork.
En la presentación en la capital mexicana del primer informe de estándares laborales de plataformas digitales en México sobre la situación de los trabajadores también llamado de aplicaciones (apps), la ONG señaló que las distintas plataformas no salieron bien libradas.
El estudio presentado afecta a las empresas Uber, Mercado Libre, Rappi, Cabify, Didi, Jokr, InDrive, Didi Food y Uber Food, que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo tienen empleados a unos 250,000 repartidores en México, mientras que la cifra total de trabajadores de plataformas digitales es de unas 500,000 personas, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El resultado de la evaluación, entre cero y 10, “fue de cero para todas las empresas”.
“El incumplimiento de derechos laborales es el efecto directo del no reconocimiento, por parte de las plataformas de transporte de viajeros y alimentos, de los operarios como sus trabajadores, si no que los colocan como sus asociados”, explicó Sergio Guerrero, de la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicaciones en México (UNTA).
Y precisamente esta condición de “asociados” provoca el incumplimiento total de los derechos laborales.
En tanto, Catarina Morbiato, de Fairwork México, ONG presente en 38 países, aclaró que la organización no se opone al modelo de negocio de las apps de transporte, si no que promueve el “reto de su regulación” para que los derechos de los trabajadores sean reconocidos y se cumplan.
Precisó que este primer informe se elaboró partiendo de los principios de” pago justo”, “condiciones justas”, “contratos justos”, “representación justa” y “gestión justa”.
Para elaborar el estudio, Fairwork aplica un método en el que primero se realiza una investigación documental y luego se entrevista a trabajadores y gerentes de las empresas.
Precisamente, los directivos de la empresa no quisieron participar del informe, explicó Morbiato.
La representante señaló que el incumpliendo de estos estándares mínimos provoca que sus trabajadores sufran de estrés y dolencias físicas.
Por otro lado, dijo, no existen las bajas laborales ni las empresas se hacen cargo de los gastos en caso de accidente. Tampoco de las reparaciones de las unidades como bicicletas, motocicletas y automóviles.
Se da la circunstancia que desde la Secretaria de Trabajo del Gobierno mexicano se presentará ante el Congreso una propuesta de regulación de este sector para este 2023.
Guerrero advirtió que para la propuesta de ley no se está considerando el tiempo de conexión. Es decir el tiempo que los conductores y repartidores “no están en la calle pero sí conectados, generando datos que luego las empresas venden”.
El representante de la UNTA exhortó a que cualquier cálculo se realice “a partir del tiempo de conexión”. No solo las horas de trabajo al volante.
Al foro asistieron representantes sindicales de trabajadores de plataformas de Chile, Colombia, México y España.
La española Nuria Soto, de RidersXDerechos, contó que la llamada “Ley Rider” española no se cumple un año después de su promulgación y que ninguna empresa la acata acogiéndose a subcontratar a sus empleados.
La chilena Ángelica Salgado, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), anunció que esa organización será el primer sindicato del mundo que negocie con Uber directamente.
Durante el foro se denunció la situación de las trabajadoras de estas plataformas.
Ellas trabajan sin bajas de maternidad ni seguro de accidentes en plena gestación y también han de enfrentarse a la discriminación algorítmica lo que se “traduce en menos servicios y menor tarifa de pago” según el informe presentado por Fairwork.
A esta coyuntura laboral se suman los testimonios de acoso sexual por parte de los clientes y los casos de violación y secuestro de los que conductoras y repartidoras han sido víctimas.
El estudio de Fairwork pretende concientizar a los consumidores y darles la posibilidad de elegir la plataforma que respete los derechos de los trabajadores.
