El mundo está dando marcha atrás en sus esfuerzos para poner fin al hambre, a la inseguridad alimentaria y a la malnutrición a más tardar en 2030, un objetivo fijado por la ONU en 2015, en un contexto de pobreza extrema y desnutrición crónica en aumento.
Si las tendencias actuales continúan, en 2030 tendremos 670 millones de personas crónicamente desnutridas en todo el mundo.
Un dato similar al de 2015, cuando fue lanzada la iniciativa Hambre Cero.
Es la alarmante previsión del último informe ONU sobre el “Estado de la seguridad alimentaria y de la nutrición en el mundo” (SOFI), presentado hoy en Nueva York.
El dosier indica un agravamiento de la situación: más de 828 millones de personas en 2021 sufrieron hambre. Un incremento de 46 millones de personas en un solo año, entre 2020 y 2021, y de 150 millones más desde el estallido de la pandemia de Covid-19.
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Son números preocupantes, subraya el vicedirector de la FAO, Maurizio Martina, que “proyectados a 2030 nos dicen una cosa inequívoca, que el 8% de la entera población mundial correrá el riesgo de sufrir todavía hambre en aquel año”.
Luego de quedar relativamente invariable desde 2015, en 2020 el porcentaje de personas afectadas por el hambre subió y continuó subiendo en 2021, hasta el 9,8% de la población mundial, contra el 8% de 2019 y el 9,3% de 2020. En 2021, unas 2,300 millones de personas (29,3%) en todo el mundo se hallaban en una situación de inseguridad alimentaria moderada o grave (350 millones más respecto a antes del comienzo de la pandemia).
Casi 924 millones de personas (11,7% de la población mundial) sufrieron inseguridad alimentaria grave, con un aumento de 207 millones en dos años.
Los factores claves en la base de la inseguridad alimentaria figuran los conflictos, los cambios climáticos y la desaceleración económica debido al Covid-19, que junto a las crecientes desigualdades empujan a millones de personas hacia la pobreza extrema.
La guerra entre Rusia y Ucrania, que compromete a dos de los mayores productores mundiales de cereales de base, gas y fertilizantes, está interrumpiendo las cadenas de aprovisionamiento e influencian ulteriormente los precios del cereal, fertilizantes y energía.
En la primera mitad de 2022, ello comportó un aumento del precio del alimento.
Las perspectivas de crecimiento económico global para 2022 fueron significativamente revisadas a la baja, esto quiere decir, menos recursos financieros para invertir en los sistemas agroalimentarios.
El gasto público y las inversiones, subraya el informe, serán fundamentales frente a los cambios climáticos extremos y a las interrupciones de la cadena de aprovisionamiento.
“Seguramente -agrega Martina- para hacer frente a esta situación de empeoramiento es necesario intensificar las políticas agrícolas, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Conviene una iniciativa extraordinaria, pienso, en particular, en Europa. Los pasos que Europa realiza, in primis en la cooperación con el gran continente africano, son esenciales”.
“Sucede ser más concretos y muy operativos, gastar bien los recursos a disposición y hacerlo, principalmente, pensando en pequeños y medios agricultores de aquellas tierras”, agregó.
El informe SOFI es un esfuerzo conjunto de cinco Agencias de la ONU: la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD), el Fondo para la Infancia (UNICEF), el Programa Alimentario Mundial (PAM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el prefacio de este año, los jefes de las cinco agencias escribieron: “Este informe evidencia, en repetidas ocasiones, la intensificación de los principales factores de inseguridad alimentaria y malnutrición: conflictos, eventos climáticos extremos y crisis económicas, unidas a las crecientes desigualdades”.
“La cuestión principal no es tanto si las adversidades continuarán verificándose o no, sino más bien como emprender acciones más corajudas para construir la resiliencia contra las crisis futuras”, agregaron.
