La investigación en México por el caso Odebrecht, que inició en 2017 en el sexenio pasado, se encuentra actualmente en una inmovilidad, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) sólo ha podido procesar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y algunos otros funcionarios, sin poder llegar a políticos de más alto nivel como se ha hecho en Perú, Guatemala y Brasil, opinaron abogados que han dado seguimiento al caso.
En nuestro país hasta ahora no hay una sentencia judicial contra políticos o empresarios por el caso Odebrech. Sólo Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, están siendo procesados. Indirectamente la FGR también indaga por este caso al excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, acusado de los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, por presuntamente recibir sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética.
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Hasta ahora sólo la Secretaría de la Función Pública ha impuesto sanciones por el caso Odebrecht, al inhabilitar por 3 años y multar por 543 millones 488,615 pesos a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V. Sin embargo, esa sanción está en litigio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Daniel Torres Checa, abogado constitucionalista de la Universidad Panamericana (UP), y Javier Martín Reyes, abogado y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidieron en que en el caso Odebrecht la FGR ha dado muestras de ineficiencia por no poder consolidar un proceso eficaz.
“Esa práctica de corrupción en un primer momento cuando se empieza a investigar en México se entendía, no como una práctica insular de una persona, sino todo el sistema operando desde el más alto nivel para verse beneficiados por actos de corrupción, sobornos, recursos de procedencia ilícita y demás, por parte de Odebrecht. Esa era la demanda de justicia de la sociedad y esa era la agenda original de la Fiscalía”, dijo Torres Checa.
“La idea al principio era enmarcar un maxiproceso en donde pudiera investigarse a funcionarios desde el Presidente de la República, su secretario de Hacienda, los directores generales de Pemex y demás actores políticos. La acusación de la Fiscalía como está ahorita es directamente a Emilio Lozoya como si hubiera actuado solo, e independientemente de que él tiene méritos para ser culpado por este delito, la Fiscalía está renunciando a la oportunidad de investigar y sancionar a los otros actores políticos que también están involucrados, y esto se debe a una deficiencia probatoria en la acusación contra Lozoya, que desde la denuncia que presentó, dice que él es un instrumento que utilizaron otros funcionarios públicos como Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray para dos cosas: una, llevar a cabo la campaña presidencial del 2012, y dos: para aprobar las reformas estructurales”.
“Lo que alega la Fiscalía es que este dicho no está suficientemente soportado en pruebas y por esa deficiencia es que deciden acusar a Emilio Lozoya y su familia cercana como beneficiaria de estos sobornos, y pide hasta 46 años de prisión, una multa y reparación del daño. Al final parece que el único perjudicado será Lozoya y algunos otros, pero no los actores políticos que nos imaginábamos en un principio”, opinó el abogado de la UP.
Resaltó que si bien Emilio Lozoya se encuentra preso, judicialmente no está demostrada su culpabilidad. “No confundamos prisión preventiva con justicia. Emilio Lozoya es una persona inocente en este momento, por más que lo veamos en prisión preventiva, y lo mínimo que deberíamos exigir es una sentencia que demuestre su culpabilidad o no para resolver este caso”, dijo.
Podrían reactivar el caso previo a elección presidencial
En el mismo sentido, el abogado Javier Martin Reyes planteó que la “capturan de Lozoya, y cuando comienza el proceso penal, había una enorme expectativa de que iba a ser una pieza clave no sólo para procesarlo a él, sino para ir en contra de otros funcionarios incluso de mayor rango, y eso no lo hemos visto hasta el momento, declaraciones y narrativas de Lozoya donde denuncia irregularidades, pero con efectos limitadísimos”.
Consideró que “esto es un efecto de las enormes deficiencias que tiene la procuración de justicia en México, no es casual, e incluso políticamente hablando, el hecho de que hubo una alternancia en el gobierno es algo que pudo haber facilitado que se procesara a los presuntos responsables, y a pesar de que una de las principales banderas del presidente (Andrés Manuel) López Obrador es el combate a la corrupción, lo que vemos es una Fiscalía incapaz de procesar penalmente estos casos, de judicializarlos, para que se siga el proceso, ya llevamos más de medio sexenio y los resultados son muy magros”.
“Incluso en el caso Lozoya todavía sigue el proceso penal, estamos aún en la etapa de juicio y no hay sentencias definitivas. Si esto pasa, es porque la Fiscalía no tiene la capacidad técnica para poder procesar este tipo de casos mundiales, porque en otros países sí se ha podido, eso es una mala señal porque nos dice lo atrasados que estamos en materia de procuración de justicia”.
“Yo no sé qué vaya a pasar, pero quizá al final del sexenio se trate de reactivar los casos, se trate de perseguir y de investigar con mayor contundencia a los responsables, pero sí creo que las señales que tenemos en este momento son preocupantes: que en más de tres años no se haya podido llegar a una sentencia condenatoria, pinta un mal panorama. Creo que lo más probable es que esto se mantenga en niveles medios. Emilio Lozoya fue un funcionario importante, pero sus propias declaraciones dicen que podrían estar involucrados funcionarios incluso con un rango mayor. Si siguen las cosas como van, no veo una muy buena expectativa”, estimó el abogado Javier Martin Reyes.
