La multinacional eléctrica española Iberdrola informó que cerró este lunes la venta de doce centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico con el gobierno de México por 6,200 millones de dólares, lo que supone la venta del 55% del negocio en el país.
Tras la obtención de las autorizaciones y aprobaciones regulatorias necesarias concluyó esta operación, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el supervisor bursátil español.
Con ella se cierra el acuerdo de intenciones firmado por el presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en abril.
Las 13 centrales incluidas en la operación cuentan con una capacidad instalada de 8,539 MW, de los que el 99% corresponde a ciclos combinados de gas.
Además, un 87% son plantas que operan bajo el régimen de Productor Independiente de Energía, contratadas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los más de 460 empleados de estas instalaciones también pasarán a formar parte del fideicomiso liderado y gestionado por MIP (México Infrastructure Partners).
Tras la venta, Iberdrola conservará en México 15 plantas, toda su actividad con clientes privados y su cartera de proyectos renovables para seguir incrementando sus activos eólicos y solares en el país en los próximos años.
Mantiene su actividad comercial y su producción renovable en México, con una cartera de más de 6.000 MW.
De ellos, 2,000 MW se desarrollarán en los próximos cinco años para asegurar energía a sus clientes privados y contribuir al desarrollo renovable del país, que será imprescindible para el aprovechamiento de la oportunidad que ofrecen las alianzas con Estados Unidos, señala la información de Iberdrola.
La operación cerrada este lunes ha contado con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin), de otras entidades financieras públicas vinculadas al Gobierno de México y de bancos privados.
Como parte del acuerdo, Iberdrola ha firmado con el fideicomiso, liderado y gestionado por MIP, contratos de compraventa de energía y potencia, así como un contrato de prestación de servicios transitorios para la gestión temporal de los activos vendidos.
Al anunciar la adquisición el 4 de abril pasado, el presidente López Obrador consideró la compra como una “nueva nacionalización”, al otorgar al sector público el 54% de la generación eléctrica en el país.
Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso el 8 de febrero al menos seis condiciones para concretar la compra de esas 13 plantas eléctricas de la española Iberdrola por el Gobierno mexicano, en particular que operen de forma independiente de la CFE, la empresa eléctrica del Estado.
“Dicho sea de paso, (los de Iberdrola) se portaron bien porque cumplieron, y ahora les vamos a pagar el día 26 de este mes”, apuntó el 16 de febrero López Obrador durante su rueda de prensa matutina.
