Gabriel España*
El presupuesto de México para el año 2024 ha generado una serie de preocupaciones en todos los sectores, incluso para aquellos que no son expertos en finanzas o economía. El panorama fiscal del país parece debilitarse significativamente, y esto tiene implicaciones para todo el sector público, empresas privadas, así como para el ciudadano común.
La base del problema radica en un aumento sustancial en el gasto gubernamental en año electoral. En la antesala de las próximas elecciones 2024, las autoridades han presentado al Congreso un déficit presupuestario considerable, apuntando a un déficit primario del 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit global del 4.9% del PIB. Esto representa un deterioro significativo en comparación con las estimaciones realizadas el año pasado, que prometían un superávit primario del 0.1% del PIB y un déficit global del 3.3% del PIB para 2023.
La combinación de un aumento del gasto programable en un 0.9% del PIB año tras año y una disminución de los ingresos en un 0.4% del PIB explica este empeoramiento de las cuentas fiscales. Aunado a eso, por condiciones inherentes al mercado energético global se proyectan reducciones en el precio del petróleo en comparación con el presupuesto de 2023, un elemento crucial para las finanzas públicas mexicanas.
Este panorama pone en duda la sostenibilidad de la deuda pública, que se proyecta que aumentará del 46.5% del PIB actual alrededor del 49% en 2024. Para lograr mantener esta trayectoria de deuda, se requeriría una reducción significativa del gasto programable, algo que parece poco probable dada la cercanía electoral el próximo año.
La preocupación no se detiene en las cifras, ya que la implementación de un régimen de pensiones universal de gran envergadura presupuestado en 26,400 millones de dólares o aproximadamente el 1.3% del PIB agrega más presión a las finanzas públicas. Este aumento en el gasto social y el sostenido desafío fiscal de Pemex implican una presión al alza en la trayectoria de la deuda pública.
Asimismo, el presupuesto contraviene la tendencia de prudencia fiscal que se había mantenido durante la pandemia de Covid-19. Este cambio en la disciplina y responsabilidad fiscal podría suscitar preocupaciones en los mercados internacionales acerca del riesgo asociado a México. La credibilidad, forjada con esmero a lo largo del tiempo mediante una gestión fiscal prudente, puede esfumarse en un abrir y cerrar de ojos.
A pesar de que los recortes presupuestarios se plantean como una solución de largo plazo en teoría, algunos de estos ajustes amenazan la viabilidad de organismos gubernamentales clave, como el INE o el Inai, lo que plantea desafíos para nuestra democracia y nuestras instituciones. No obstante, proyectos considerados prioritarios por el régimen que ya se va, como el Tren Maya, han asegurado un considerable respaldo financiero para el próximo año. Aunque estos proyectos podrían generar un impacto positivo en el crecimiento a largo plazo, como el desarrollo del sector turístico y mejoras logísticas a través del tren, otros, como la refinería y las fases posteriores del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, parecen basarse en expectativas excesivamente optimistas.
En síntesis, el presupuesto de 2024 en México ha suscitado inquietudes generalizadas debido a su impacto en la sostenibilidad fiscal, la orientación de las políticas económicas y su alcance para la ciudadanía. La incertidumbre en las finanzas públicas podría incluso amenazar la calificación crediticia del país en los mercados globales, añadiendo una dimensión preocupante a esta coyuntura económica compleja. Independientemente del resultado de las próximas elecciones presidenciales, el desafío económico y financiero será monumental y podría requerir ajustes significativos en las estrategias fiscales. El 2024 no es un año electoral común; más bien, representa un periodo de cambios profundos. En este escenario, es prudente prepararse para lo que está por venir.
*El autor es Managing Director en Iskali Capital Group (ICG), Banca de Inversión basada en Washington DC, la cual está enfocada a proyectos de alto impacto de desarrollo en Mercados Emergentes.
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