El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que la reforma eléctrica para cancelar contratos vigentes entre la empresa estatal y los privados a quienes se les otorgaron privilegios en las administraciones pasadas continuará su marcha hasta la aprobación del legislativo, con el fin de que estas empresas no se adueñen de un mercado eléctrico que vale 315,000 millones de dólares y pongan en riesgo a las personas con menores ingresos y a los agricultores mexicanos.
La iniciativa presidencial con la que se busca topar la inversión privada en generación de electricidad a 46% del total nacional para que la CFE genere 54% además de contar con el monopolio del resto de las actividades, con reguladores adscritos nuevamente a la Secretaría de Energía y el gestor del despacho (el Centro Nacional de Control de Energía, Cenace), entre otras modificaciones, es además la única forma de que el sector agrícola se beneficie de la generación de electricidad en el país.
“En un país con las desigualdades que tiene el nuestro es impensable frenar el suministro eléctrico subsidiado para los usuarios domésticos de menores ingresos y para el campo mexicano y por tanto, la rectoría de la electricidad estará en manos del Estado nuevamente, no de un mercado y sus intereses financieros”, dijo.
Te puede interesar: La Suprema Corte de México rechaza modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato
En su intervención dentro del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables, convocado por la Secretaría de Agricultura, el directivo participó con el tema: Debate sobre la Reforma Eléctrica y sus Implicaciones para el Medio Rural, donde expuso las que consideró las cifras más relevantes de la discusión de la reforma energética.
Según los cálculos de la CFE, el mercado eléctrico mexicano vale 315,000 millones de dólares y es ése el negocio que buscan las grandes empresas generadoras de energía, que financiadas por fondos que de hecho ya forman parte del capital de múltiples países fuera de México, como es su naturaleza. La estatal eléctrica mexicana tiene un valor de mercado de 370,000 millones de dólares aun en la actualidad, patrimonio que desciende año con año al restarle participación en la generación de energía.
Por otro lado, las empresas que ya generan el 62% de la energía nacional afirman haber invertido 44,000 millones de dólares, lo que las ha llevado a defender su infraestructura incluso en términos judiciales, lo que provocó que no quedara más herramienta que el cambio constitucional para frenar el crecimiento de privados y la reducción de la CFE con la legislación actual.
“Pero los privados ya han recuperado 22,000 millones de dólares con las reglas de despacho que hoy existen y lo que les ha pagado la CFE, por lo que buscan quedarse con un mercado que es 14 veces su inversión, sin haber invertido en su crecimiento hasta hoy”, afirmó el director de la CFE.
De nueva cuenta, Bartlett arremetió contra las empresas extranjeras que hoy participan en la generación de electricidad en México, particularmente contra la española Iberdrola y la italiana Enel, que junto con tres empresas más constituyen el oligopolio que busca adueñarse del sector eléctrico mexicano.
Pero en México la tarifa residencial de bajo consumo tiene un subsidio que el Estado otorga sin restricciones como un bien social progresivo y necesario para el desarrollo de los más vulnerables. A la vez, también se subsidia la tarifa agrícola para usos intensivos de la energía, misma que no podría dejarse desprotegida en un mercado porque se correría un riesgo alimentario de escalas mayores.
“¿Quién se hará cargo de asumir estos costos que se reparten en la sociedad? Las empresas no lo harán y no es posible reducir más los ingresos de la CFE en favor de un mercado. Es bastante simple”, aseguró Bartlett.
Además, explicó que recientemente ha comenzado la difusión de la posibilidad de que la energía sería más barata si se compra directamente a los productores del otro lado de la frontera con Estados Unidos, lo que generaría mayor dependencia al vecino del norte y beneficios a terceros desde la óptica neoliberal que apremia en muchos sectores del país.
Y en tanto, las grandes empresas que buscan generar en el país se instalan en las zonas con mayor riqueza natural, generando más desigualdad, por lo que la reforma continuará su curso y se negociará para que no haya expropiaciones mientras terminan los privilegios a algunas empresas.
