Por Jay L. Zagorsky
La bancarrota es un proceso legal para personas que no pueden pagar sus deudas. Dado que por lo general implica liquidar los bienes o acogerse a un plan de pago, los estadounidenses suelen recurrir a ella como último recurso.
El número de estadounidenses que se declaran en bancarrota va en aumento. Más de 500,000 personas dieron este paso en 2025, casi un 50% más que en 2022. Las cifras siguieron subiendo, registrándose un incremento del 12% en junio de 2026 con respecto al año anterior, a medida que muchos consumidores luchaban por pagar sus facturas.
Soy profesor de una escuela de negocios y he investigado sobre las bancarrotas, así como sobre si declararse en quiebra ayuda o perjudica cuando uno se encuentra al límite de sus posibilidades económicas.
Me interesé por este tema durante mis estudios de posgrado. No fue gracias a ninguna asignatura que cursara, sino porque me quedé sin dinero. Mientras estudiaba, mi esposa —quien sostenía económicamente a la familia— perdió inesperadamente su empleo justo cuando nuestros ahorros se habían agotado por completo.
Finalmente, no nos declaramos en bancarrota; más adelante explicaré qué hicimos para evitarlo. Sin embargo, haber estado tan cerca de esa situación despertó mi interés a largo plazo por este problema que afecta a muchos consumidores estadounidenses sometidos a una gran presión financiera.
¿Qué es la bancarrota personal?
La bancarrota es un proceso legal para personas que no pueden pagar sus deudas. Dado que por lo general implica liquidar los bienes o acogerse a un plan de pago, los estadounidenses suelen recurrir a ella como último recurso. Para declararse en bancarrota, primero se presenta una solicitud ante un tribunal federal, el cual designa a un administrador para supervisar el caso.
Sin embargo, la bancarrota no elimina todas las deudas.
Existen 19 tipos de deudas que ni siquiera la bancarrota logra cancelar. Algunas de las categorías principales incluyen la pensión conyugal, la manutención de los hijos y la mayoría de los impuestos. Los préstamos estudiantiles pueden llegar a eliminarse, pero lograrlo es difícil y no forma parte automática de los procedimientos de bancarrota.
Dos objetivos contrapuestos
La legislación estadounidense sobre quiebras persigue dos objetivos principales que se contradicen entre sí.
El primero es ofrecer a los deudores particulares honestos un “nuevo comienzo”. Lo ideal es que el proceso reduzca o elimine una parte suficiente de la deuda como para permitirles ganar dinero, gastar, pedir préstamos y reembolsarlos, tal como lo haría una persona con una situación financiera convencional. En otras palabras, la quiebra personal puede liberar a los deudores de la asfixiante carga financiera que pesa sobre ellos.
El segundo objetivo es garantizar que los acreedores recuperen la mayor cantidad posible del dinero prestado. Cuando alguien se declara en quiebra, algunos acreedores —o incluso todos ellos— no recuperan su dinero. En 2024, los estadounidenses que se declararon en quiebra poseían activos por valor de unos 75,000 millones de dólares, pero adeudaban a sus acreedores cerca de 86,000 millones; es decir, 11,000 millones más.
Los estados y el gobierno federal establecen diferentes equilibrios entre estos objetivos. Como resultado, existen grandes diferencias en cuanto a los límites del patrimonio neto —la diferencia entre el valor de mercado y la deuda pendiente— que los deudores pueden conservar en su vivienda habitual y en sus bienes personales tras declararse en quiebra.
Algunos estados son bastante permisivos. Por ejemplo, la ley de quiebras de Texas no impone límite alguno al patrimonio neto de la vivienda. Esto ayuda a los deudores a recuperarse económicamente.
Otros estados son extremadamente estrictos a este respecto. Arkansas limita el patrimonio neto de la vivienda tras una quiebra personal a 800 dólares, y Kentucky lo restringe a 5,000 dólares. Esto beneficia a los acreedores: los prestamistas pueden forzar la venta de la casa del deudor y quedarse con gran parte del patrimonio neto que este había acumulado.
Asimismo, las leyes que protegen los vehículos y otros bienes personales de quienes se declaran en quiebra varían considerablemente.
Dos tipos de bancarrota personal
Por lo general, las personas que se declaran en bancarrota lo hacen acogiéndose al Capítulo 7 o al Capítulo 13 del código federal de bancarrotas.
Aproximadamente dos de cada tres personas recurren al Capítulo 7, una modalidad de liquidación financiera. El tribunal de bancarrotas designa a un administrador, quien procede a vender todas las pertenencias de la persona, salvo aquellas protegidas por diversas exenciones.
Posteriormente, el administrador entrega a los acreedores el dinero restante tras la venta. A cambio de desprenderse de la mayor parte de sus bienes, acogerse al Capítulo 7 permite cancelar casi todas las deudas y comenzar de nuevo financieramente.
Los tribunales de bancarrotas exigen el uso del Capítulo 13 a aquellas personas con ingresos moderados o altos cuyas deudas sean inferiores a 2.75 millones de dólares.
El Capítulo 13 es un proceso más lento. Los acreedores cobran a lo largo de un periodo de tres a cinco años, utilizando los ingresos de la persona. Los deudores conservan una parte de su salario suficiente para cubrir los gastos básicos de subsistencia, pero destinan el resto de sus ingresos disponibles al pago de los acreedores. El Capítulo 13 permite a las personas evitar la ejecución hipotecaria de sus viviendas y conservar sus vehículos.
Aumentan solicitudes de bancarrota tras periodo de descenso
El número de solicitudes anuales de bancarrota personal cayó drásticamente durante más de una década antes del reciente repunte, alcanzando un mínimo de unas 368,000 en 2022, frente a los cerca de 1.5 millones registrados en 2010.
Desde 2022, esa cifra aumentó de manera constante.
Una ley de 2005, denominada Ley de Prevención de Abusos en la Bancarrota y Protección al Consumidor (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act), fue la que desencadenó el descenso inicial. Su objetivo era hacer que declararse en bancarrota resultara más difícil y costoso. Muchos acreedores impulsaron estos cambios al considerar que algunos individuos estaban abusando del sistema.
Las modificaciones introdujeron límites de ingresos para poder acogerse al Capítulo 7 de la ley de bancarrotas. Asimismo, exigieron a los solicitantes recibir asesoramiento crediticio previo a la presentación de la demanda, con el fin de determinar si existía alguna forma de evitar la bancarrota. También se añadió una nueva obligación: los estadounidenses deben realizar ahora un curso de gestión financiera tras solicitar la bancarrota, con el fin de reducir la probabilidad de futuros problemas económicos.
Un estudio interesante sobre el impacto de esta legislación reveló que, si bien redujo las tasas de interés de las tarjetas de crédito, también impidió que algunas personas sin seguro médico pudieran cancelar sus deudas sanitarias.
Los cambios de 2005 provocaron un desplome en el número de bancarrotas personales. Esta tendencia cambió con la Gran Recesión, que se prolongó desde finales de 2007 hasta mediados de 2009.
Dicha crisis económica disparó el número de bancarrotas. Sin embargo, la cifra descendió entre 2010 y 2022 a medida que se atenuaba gradualmente el impacto de la Gran Recesión. El descenso continuó a principios de la década de 2020, ya que los cheques de estímulo y los pagos más generosos del seguro de desempleo —proporcionados por el gobierno en el momento álgido de la pandemia de Covid-19— ayudaron a millones de consumidores estadounidenses a mantenerse a flote.
Las cifras comenzaron a subir de nuevo en 2022, al enfrentarse los consumidores estadounidenses a una presión creciente derivada de unos ingresos que no siguieron el ritmo de la inflación y de un fuerte aumento en las tasas de interés de las tarjetas de crédito.
Cambios duraderos
La declaración de bancarrota permanece en el informe crediticio hasta por 10 años. Transcurrido ese plazo, se supone que los acreedores deben tratar a quienes se declararon en bancarrota igual que a cualquier otra persona.
En un estudio que realicé junto con la profesora de derecho Lois Lupica, analizamos la evolución, a lo largo de dos décadas, tanto de las personas que se habían declarado en bancarrota como de las que no. Queríamos averiguar si quienes habían recurrido a la bancarrota lograban realmente salir de su difícil situación financiera.
Nuestros hallazgos presentaron una mezcla de buenas y malas noticias. La buena noticia fue que la bancarrota no conllevaba un estigma financiero permanente; por lo general, las personas que se declararon en bancarrota terminaban alcanzando el nivel financiero de sus pares que no lo habían hecho.
La mala noticia fue que la recuperación en casi todos los aspectos financieros requería entre 15 y 25 años. Este periodo supera los 10 años que la declaración de bancarrota figura en el informe crediticio.
En resumen, determinamos que, si bien la bancarrota ofrece a las personas un nuevo comienzo, lograr ese alivio lleva más tiempo del que la ley prevé.
Estrategias para evitar la bancarrota
Mi esposa y yo evitamos la bancarrota principalmente haciendo dos cosas.
En primer lugar, pasamos a utilizar efectivo para la mayoría de nuestras compras cotidianas. Cuando se nos acababa el dinero de la cartera, dejábamos de gastar. Hablo más sobre esto en mi libro de 2025, The Power of Cash.
En segundo lugar, nos pusimos en contacto con la entidad financiera a la que debíamos el pago mensual más elevado. Tras presentar pruebas de nuestras dificultades económicas, se mostraron sorprendentemente flexibles.
Si estas dos medidas no le bastan, el siguiente paso es consultar a un abogado especializado en derecho de bancarrotas. Aunque hay muchas cosas que la mayoría de la gente puede hacer por su cuenta con eficacia, declararse en bancarrota no es una de ellas.
- Jay L. Zagorsky es profesor asociado de Negocios en la Universidad de Boston.
Este texto fue publicado originalmente en The Conversation
