En estos tiempos se observan dos puntos de vista en la opinión pública mexicana: por un lado, los simpatizantes del morenismo suelen afirmar que antes no se hicieron obras y que todo se lo robaban en el gobierno. Por el otro lado, los que no son simpatizantes de Morena afirman que el obradorismo hacía las obras por ocurrencia, sin planeación, sin proyectos y sin supervisión alguna y que se abusó de la dación de dineros públicos a las personas.
En cualquier caso y sin dar la razón a nadie, cada uno de los mexicanos tiene su opinión personal. Pero hay algo que concierne a todos, que debiera preocupar a todos, y que tiene que ver con el origen del dinero que se gasta en el gobierno federal, que por desgracia, no sale únicamente de los ingresos provenientes de los impuestos o de la alicaída industria petrolera.
Mucho del dinero del presupuesto federal proviene de los frecuentes endeudamientos que el gobierno central debe de contratar con los bancos para poder realizar los programas y las obras públicas. Y estos endeudamientos no son nuevos. Los había desde la época de la Colonia, los hubo cuando México se independizó y los continuó durante casi todos los gobiernos republicanos en los últimos siglos. Y se debe recordar que cuando Porfirio Díaz construyó los primeros ferrocarriles, casi todo ese gasto provino del endeudamiento en libras esterlinas con Inglaterra.
Y si tocamos el tema de la deuda pública, según el comunicado de la SHCP del 30 de diciembre pasado, el gobierno de la república tiene adeudos por un total de de 17.1 billones de pesos. Y hay que reflexionar en que 1 billón de pesos equivales a un millón de millones de pesos ($ 1,000,000,000,000).
Y para dimensionar el valor del dinero, pongamos dos ejemplos recientes en la historia de Veracruz: el Teatro y Centro de Convenciones de Coatzacoalcos costó un poco menos de 500 Millones de pesos en el sexenio de Miguel Alemán, en este siglo. Y las obras que aún no se terminan del estadio Luis Pirata Fuente en Veracruz, iniciadas en el gobierno de Cuitláhuac García, alcanzan un costo entre 1,800 y 2,000 millones de pesos, según los datos de la administración pasada.
Para entender mejor las cosas de la deuda pública en este siglo, debemos informar que Vicente Fox inició su gestión cuando el país ya debía 2 billones de pesos; Felipe Calderón lo inició con deuda de 3 billones; Enrique Peña lo empezó con una deuda federal de 5.6 billones y finalizó con adeudos de gobierno por 10.4 billones de pesos.
Andrés Manuel López Obrador recibió una deuda que sus funcionarios reconocieron no por 10.4 billones, sino que esta era realmente por 10.55 billones de pesos, al final de diversos empréstitos en sus seis años, la deuda total se incrementó a 17.1 billones de pesos, como reconoció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para afrontar mejor esa situación, la administración de Claudia Sheinbaum tiene algunas opciones: mayor austeridad y contención del gasto; no iniciar tantas obras de gran envergadura, como su antecesor; incrementar la base tributaria (el número de personas que pagan impuestos), o bien, aumentar los porcentajes de impuesto individual, para hacerlos similares a los de países más desarrollados.
En este sentido, cabe destacar que México está entre los países que menos recaudación tiene a nivel mundial.
Quizá muchos no visualizan el problema real de la ciudadanía mexicana: si no pagamos ahora las deudas, nuestros hijos y nuestros nietos y demás descendencia serán quienes paguen la deuda pública nacional.
Todo esto debería meditarse para iniciar cuanto antes un proceso de revisión y auditoría general a las grandes obras y programas sociales de los últimos 4 sexenios, especialmente el que acaba de terminar, que, por lo que se sabe y se comenta entre los expertos y académicos, está documentalmente en total obscuridad y fuera de los reflectores de las instituciones de fiscalización del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene la palabra y la decisión.