El impuesto a la nómina en Veracruz surgió en los albores del presente siglo con el fin de allegar mayores recursos al gobierno del estado. Desde que comenzaron a pagarlo a la SEFIPLAN, los empresarios exigieron formar parte de un comité de administración, con el fin de asegurar que esos ingresos provenientes del pago de un impuesto del dos por ciento a la nómina se destinaran exclusivamente a la construcción de obras de infraestructura que realizarían empresas locales, con materiales y mano de obra de origen estatal, contribuyendo con ello a la preservación del empleo veracruzano.
De esa manera, transcurrieron los años y se construyeron muchas obras públicas, una de ellas fue la colocación de whitetopping (carpeta blanca) en la avenida Lázaro Cárdenas en Xalapa, una de las últimas obras realizadas con esos recursos.
La participación del empresariado en los destinos de ese impuesto fue una constante a través del comité mencionado. El gobierno siempre estuvo atento a su involucramiento, situación que se dio también para restaurar, por ejemplo, los daños a la infraestructura causados por las lluvias e inundaciones del fatídico año 1999, que ocasionara más de 120 defunciones. Miguel Alemán aprobó apoyos a empresarios y comerciantes perjudicados por ese fenómeno hidrometeorológico, criterio que repitió Fidel Herrera años después en otras épocas de lluvias y huracanes.
La participación de los empresarios en el desarrollo y crecimiento de Veracruz es una realidad incuestionable y permanente. Como también lo es, el hecho de que la mediana y pequeña empresa sean las que más puestos de trabajo aportan al total de empleos.
Por esa razón es pertinente buscar fórmulas encaminadas a proteger a las empresas y a los trabajadores durante esta peligrosa pandemia de coronavirus. Es fácil hablar de aislamientos voluntarios o forzados, pero es difícil entender que la fuerza laboral pueda parar por tiempos prolongados y que los costos puedan ser asumidos por ellos o por los inversionistas.
El gobierno federal ha tomado cartas en el asunto, anunciando una serie de medidas, al parecer insuficientes y complicadas en su puesta en marcha. Por su parte, el estado no se encuentra bien financieramente. Los empresarios han solicitado la reanudación de reuniones del comité, con el fin de conocer el destino que se da a esos ingresos.
Algo que podría hacerse para ayudar a las empresas a que no cierren, para contribuir a mantener la planta laboral, es la condonación del pago de este impuesto durante la etapa crítica. Sin embargo, puede existir otras opciones. Una de ellas podría ser que los recursos del tres por ciento a la nómina se destinaran a cubrir temporalmente los sueldos de trabajadores mayores de 60 años, de mujeres embarazadas o del personal que tenga comprometida su salud por causas de diabetes u otras afectaciones u enfermedades que los hagan más vulnerables al contagio del coronavirus.
Esta propuesta llevaría a la modificación del Código Financiero del Estado y de la Ley de Egresos de este año. Pero valdría la pena para dar seguridad y elevar la moral de trabajadores, de empresarios y de la propia sociedad. Los 4,200 millones de pesos correspondientes al cobro del impuesto sobre nóminas en 2020, podrían destinarse, en parte, o totalmente, a estas necesidades de protección del empleo. Desde luego, cancelando otro tipo de acciones que, por cierto, poco se ven en la satisfacción de los ciudadanos y en los resultados medibles de gobierno.
El gobernador Jiménez García y el secretario Lima Franco tienen la palabra y el control del Congreso.
