Como lo hace cada año y con fecha del 10 de marzo pasado, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó su Informe titulado “Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México Cuarto Trimestre de 2022”. En ese documento se señala que al cierre de 2022 la deuda del estado de Veracruz ascendía a 46 mil 817 millones de pesos.
En dicho Informe también se mencionan otros datos interesantes. Que en ese año se pagó una tasa de interés ponderada del 11.2 por ciento; que como garantía o fuente de pago se fijó una afectación de participaciones federales, equivalente al 58.4% y superior al promedio nacional; que el plazo de vencimiento es de 16 años; que el endeudamiento equivale al 4.4% del producto interno bruto estatal y que la deuda per cápita es de 5,422.2 pesos. Cada veracruzano debe esa cifra en este momento.
Para conocer la evolución de la deuda pública estatal en los últimos cuatro años del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, se revisó el informe de esa instancia del Congreso, correspondiente al cuarto trimestre de 2018, encontrándose que, al cierre de ese año, la deuda estatal había llegado a 47,232.6 millones de pesos.
Esto significa que la deuda se encuentra prácticamente en los mismos niveles que cuando entregó la administración el panista Miguel Ángel Yunes Linares. Una diferencia de sólo 415.6 millones de pesos en cifras nominales.
Habría que ver si estas diferencias en 4 años de administración morenista, constituyen algún tipo de avance o prueba de que en este periodo se está actuando con eficientes medidas de austeridad o saneamiento financiero. Porque la sociedad y los actores políticos de oposición insisten en que este gobierno no ha hecho obras importantes y que, por el contrario, se abusa de la organización de festejos de todo tipo y con poco o nulo alcance cultural.
Para conocer una opinión autorizada, en su momento tendrán que venir la Auditoría Superior de la Federación y el ORFIS a realizar la fiscalización y evaluación del uso de los recursos públicos en este sexenio.
También es una realidad de que para tratar de mostrar estabilidad interna y tranquilidad ciudadana, se abusa de actividades deportivas con fines distractores y con alta presencia de burócratas estatales y sin mayor mérito competitivo o de preparación de atletas de alto nivel para las principales justas deportivas de las federaciones nacionales en que participa esta entidad.
Y para confirmar esta idea, basta con observar la insistencia en construir instalaciones deportivas o promover equipos o ligas regionales, como si el estado no tuviera los graves problemas de inseguridad que lo ubican en los altos lugares de criminalidad y delincuencia en el país.
Las cifras oficiales de la cámara de Diputados no mienten, y resultan muy claras para la población, ante la falta de transparencia y opacidad que muestran los programas y las obras “como nunca antes”, que “rompen récords”, “históricas” y que se llevan a cabo “en lugares a los que nadie había ido”, que presume sin pudor y machaconamente en redes sociales el gobierno cuitlahuista.
Conforme a los Informes aludidos, en resumidas cuentas, y después de tantos cuentos del empresario deportivo y secretario José Luis Lima Franco, se comprueba que la deuda estatal sigue casi igual que hace cuatro años.
Ahora sólo falta conocer qué tanto habrán aumentado o disminuido -con eso de las aportaciones y acarreos- las cuentas de los honestísimos cuitlahuistas y sus familiares.
