Al presidente de la república le está pasando lo que muchas veces ocurre a los viejos patriarcas cuando superan los ochenta o noventa años. El anciano da órdenes, emite opiniones, establece reglas, solicita disciplinas y obediencias, pide a los de su familia que adopten sus creencias y pensamientos y quiere que todo se mueva alrededor de él. Algo parecido a una amorosa tiranía con los cercanos y con aquellos que lo admiten. 

Pero López Obrador todavía no tiene ni setenta años de edad. Cualquiera supondría que su discernimiento, sus decisiones y sus verbalizaciones corresponde a las de un adulto mayor con cerebro maduro y experimentado y no a las de un anciano decrépito traicionado por una mente que se vuelve indomable y que divaga por universos deseables o imaginarios. 

La reflexión surge a partir de su garrafal falla del “Ya Chole” de la semana pasada y principalmente por el “yo tengo otros datos” que acaba de contestar a las observaciones del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019 que presentó el viernes pasado la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De alguna manera fue esta la primera auditoría seria a su gestión iniciada en diciembre de 2018.

La ASF ha determinado varias cuestiones no gratas para el gobierno de AMLO. Ha informado que el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco ascenderá a 331 mil millones de pesos, ha hecho molestas observaciones a proyectos como el Tren Maya y el Istmo de Tehuantepec y ha determinado montos por aclarar a 14 dependencias federales que ascienden a 8,187 millones de pesos, principalmente la secretaría de bienestar con 3,417 millones de pesos. La instancia autónoma también ha informado la negligencia u oposición de la señora secretaria de la función pública para facilitar las auditorías.

Ante esto el presidente López Obrador ha preferido sacar de la chistera el socorrido argumento de “los otros datos” que ha aplicado en meses previos, en este caso, tratando de desacreditar a la Auditoría Superior. 

Y ahí está el detalle que analizar. Hasta ahora, las principales acusaciones o señalamientos contra su gestión, han provenido de instancias o personas de su equipo, o de la administración pública que él comanda. Recordemos las afirmaciones de los renunciados secretarios, subsecretarios o directores que prefirieron el “aquí corrió, antes que el aquí murió”. Por más que López Obrador diga una cosa, o que todo va de maravilla en este país, los altos funcionarios de su régimen, que han defendido el criterio propio hasta la renuncia, y que no quieren cargar con culpas ajenas, se han atrevido a señalar errores, ineficiencias, irregularidades o hasta actos de corrupción, entre ellos los extitulares de Hacienda, Comunicaciones, SEMARNAT, IMSS y ahora David Colmenares Páramo, el titular de la ASF.

Por tanto, y ante la clara evidencia proporcionada por la Auditoría Superior de la Federación, lo que digan el presidente y los funcionarios señalados de ineptos, omisos, opacos o corruptos, son simple y llanamente argumentos pobres y falaces que se hacen pensando que únicamente por ser obradoristas o de la 4T, tendrán la sartén por el mango de manera indefinida. Creen que la gente está ciega o que la justicia nunca llegará.

Argumentos inferiores como los mencionados, nunca podrán echar abajo las auditorías superiores y las leyes que las sustentan y amparan. Algún día saldrán a relucir como afiladas armas, siempre listas para la acción contra los malos gobernantes o funcionarios.

Complacido con su maquina política y dialéctica feroz, López Obrador quiere convertir al perseguidor en perseguido y enviarlo a un espacio lejano, vago e indeterminado.

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