En 1996 el veracruzano Heberto Castillo fue el primero en presentar una propuesta de reforma constitucional para incluir en la Carta Magna el derecho de la persona a tener un medio ambiente sano. El gran luchador de la izquierda mexicana entendió que era necesario que ese principio ya mencionado en la ley general del equilibrio ecológico se elevara a un derecho constitucional que pudo hacerse realidad en la reforma de junio de 1999 que el congreso de la unión hizo al artículo cuarto de la Constitución Política.

En México las preocupaciones ambientales ya circulaban en organizaciones serias y hasta en la política corriente. En años previos había nacido el partido verde ecologista que casi desde su nacimiento se dedicó a hacer negocios -como aquellos de la apertura de hoteles en Cancún, que conoció en metálico el famoso niño verde y la familia franquiciataria del PVEM- y a convertir en cargos electorales y cesiones políticas el discurso ambiental.

Después llegó la preocupación por el cambio climático, el aprovechamiento de las energías limpias y el concierto internacional en esa dirección. Así surgió el Acuerdo de París en 2016 y el crecimiento del consenso y el esfuerzo de los países para que no se eleven las temperaturas mundiales. En congruencia con el TLC y el ahora T-MEC con Estados Unidos y Canadá, el país se incorporó a esa obligada dinámica energética y social. El derecho al medio ambiente sano caminaba en terreno fértil, generalmente de la mano de los partidarios de la izquierda, hasta que llegó al poder López Obrador y su cuarta transformación.

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Inicialmente, cuando AMLO era presidente electo, esgrimió argumentos ambientales junto a otros de alto costo y “corrupción” para echar abajo la obra de construcción en Texcoco del célebre Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). La utilización de esa bandera ambiental hizo creer a todos que el mandatario nacional fortalecería los asuntos ambientales. Pero no fue así y muestras hay muchas en solo un par de años.

Contra viento y marea y sobre selvas vírgenes en Yucatán y Quintana Roo y sin las autorizaciones ambientales y consultas públicas que establece la Ley, inició la construcción del Tren Maya.  Igualmente hizo con la Refinería de Dos Bocas que construye encima de una zona inundable y con cientos de hectáreas de manglares en la costa de Tabasco. Obras que han recibido el rechazo de ambientalistas y ciudadanos que habitan en esas zonas, además de suspensión de tribunales y la crítica constante de expertos por esos claros ejemplos de autoritarismo.

Lo hizo también en el aeropuerto de Santa Lucía, donde su idea avanza contra todo tipo de normatividades técnicas y ambientales. Pero lo termina de confirmar con la imposición a la reforma eléctrica que aprobó el congreso de la unión, dominado por la aplastante mayoría morenista en un abominable Fast Track de escasos quince días legislativos. 

A partir de esta negra decisión cupular, el país usará todo el gas y el combustóleo necesario para abastecer a la CFE, a quien daremos privilegios contra las energías limpias, gracias a MORENA y a sus diputados retrógradas y levantadedos. Y por si faltarán desgracias, esa absurda determinación provocará costosas demandas legales y económicas de las empresas extranjeras que invirtieron cientos de millones de dólares en la generación de energías limpias y en la modernización tecnológica, creyendo que esta nación respetaba el estado de derecho.

A unos kilómetros de la capital veracruzana, en la zona del bosque de niebla aledaña a la ciudad de Coatepec, también se impone el criterio obradorista de destruir el medio ambiente y los manantiales de agua limpia. El gobierno estatal y la SEDATU federal no ven ni oyen la ruidosa invasión y tala de árboles que ocasiona un agresivo grupo de invasores militantes de una organización adherida al PRD que se metieron ahí desde hace dos años y que ya fue denunciada ante las omisas Fiscalía General del Estado y demás autoridades involucradas.  

En México el derecho al medio ambiente sano lo impulsó gente notable de izquierda. Otros grupos también de izquierda, pero estos, de la izquierda más perniciosa, están convirtiendo en cenizas ese derecho constitucional.

Los lopezobradoristas y la 4T podrán engañar a los votantes, pero no a la atmósfera. Y comprueban que su visión está puesta en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones.

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