Con el objetivo directo de frenar la impunidad y blindar a quienes alcen la voz contra abusos en la función pública, la Fiscalía General del Estado (FGE), mediante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, formalizó un nuevo Protocolo para la Atención y Protección de Personas Denunciantes o Alertadoras.
La medida responde a una realidad recurrente dentro de las dependencias: el temor a las represalias contra servidores públicos o ciudadanos que detectan presuntas irregularidades administrativas o desvío de recursos.
Para neutralizar estas presiones, el instrumento legal contempla un paquete de garantías y consecuencias punitivas para quienes intenten amedrentar a los informantes:
- Castigo a las represalias: Se contemplan sanciones específicas contra mandos o funcionarios que ejecuten despidos injustificados, degradaciones de puesto, hostigamiento laboral o modificaciones arbitrarias de condiciones de trabajo.
- Reserva absoluta e identidad protegida: Se establece el manejo confidencial de datos personales y la opción del anonimato a través de canales institucionales específicos.
- Esquema de seguridad integral: En escenarios catalogados como de alto riesgo, el protocolo faculta la activación de medidas extraordinarias para salvaguardar la integridad física, el patrimonio y la seguridad de los denunciantes, así como de su entorno familiar cercano.
Según lo estipulado por el órgano autónomo, las acciones de protección no tendrán un plazo arbitrario, sino que se mantendrán vigentes de forma continua hasta que se determine la extinción total del riesgo o a petición expresa de la persona resguardada.
Con esta disposición, el organismo procurador de justicia busca desactivar el obstáculo del miedo en la administración pública estatal, incentivando la denuncia ciudadana e institucional como vía prioritaria para frenar el desgaste de las arcas públicas en la entidad.
