Se cumplen los plazos y las acciones contra el lavado de dinero y la corrupción en el país. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de hacienda federal está llegando poco a poco a las entidades federativas de la república. Santiago Nieto Castillo y su equipo de especialistas hacen sentir su fuerza y su experiencia para afrontar los ambientes delincuenciales de cuello blanco y del crimen en general.

Las muestras principales ocurren en estos momentos con la persecución oficial que sufren el propietario de una fallida empresa de agroquímicos y el exdirector de Pemex involucrado con él y también con el caso Odebrecht. El primero ya apresado en España y el segundo con un amparo que de momento lo salva de la cárcel.

Santiago Nieto se sumó al equipo compacto de Andrés Manuel a principios de 2018 cuando fue expulsado del gobierno peñanietista por meter las narices donde no debía. En diciembre pasado le encomendaron la oficina de la UIF y empezó a organizarla con las indicaciones del ejecutivo federal. 

Primero, el académico y jurista firmó un convenio con la Secretaría de la Función Pública para establecer acciones de cooperación, colaboración y coordinación interinstitucional enfocadas al combate al lavado de dinero, a disminuir la corrupción y a analizar y evaluar las actividades de los funcionarios, proveedores, contratistas y todo aquel que ejerza recursos públicos.

En enero firmó un convenio similar con el gobierno de la Ciudad de México; en abril con el estado de Puebla, y antier con el estado de Campeche, junto al gobernador Alejandro Moreno, el famoso “Alito” -supuesto aliado de AMLO-, a quien la mayoría de gobernadores priistas apoyan para encabezar el comité ejecutivo nacional del PRI próximamente.

Estos convenios tienen como finalidad superior la de intercambiar informaciones financieras, de catastro y de registro público, brindando condiciones para conocer los casos de empresas fantasmas, evasión fiscal, identificación de estructuras delincuenciales, financiamiento al terrorismo, congelación de cuentas y decomiso de bienes adquiridos irregularmente. 

Los 62 mil millones de pesos robados por los duartistas al erario veracruzano seguramente impulsan al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a la celebración de un convenio igual con la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Santiago Nieto, colaborador de Carlos Urzúa, poderoso secretario de hacienda de López Obrador.

Javier Duarte, Karime Macías y los millonarios exfuncionarios de su régimen empezarían a temblar por lo que ya presienten. En la SEFIPLAN veracruzana el secretario José Luis Lima Franco y el subsecretario Eleazar Guerrero deben estar atentos a su formalización.

La medida servirá a todos. A los que robaron y a los que están cerca de los presupuestos y las decisiones financieras del gobierno. Y también a los miembros de la sociedad civil que suelen aprovecharse de las leyes laxas y del crimen para hacer fortuna.

Ahí vienen los federales.

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