Mientras Cuitláhuac García Jiménez recibía las consabidas bendiciones y reconocimientos del presidente de la república el sábado pasado en el sur de Veracruz, es probable que en algún sitio estatal o nacional alguien estuviera pensando en organizar manifestaciones de inconformidad en la capital del estado. Son estrategias perfectas para distraer al pueblo y llevar su atención a otros menesteres.
La rabia digna, la acción directa o los afanes reivindicatorios del grupo de anarquistas que marchó por el centro histórico de Xalapa el lunes al mediodía, es un derecho legítimo que tienen sus integrantes, siempre y cuando se manifiesten con moderación y no afecten las propiedades y los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía.
Pero cuando la acción directa mostrada por ellos se traduce en destrozos a los bienes y a los negocios de particulares, como la que se verificó y quedó plasmada en una serie de videograbaciones, el asunto no tiene nada que ver con algún tipo de derecho que la ley les conceda a los infractores. Esas acciones cruzan la barrera del orden constitucional y corresponden a la comisión de delitos que deben ser sancionados por la autoridad competente.
Los medios de comunicación y las redes sociales informaron oportunamente los daños materiales causados a inmuebles, a aparadores y a fachadas. Cámaras empresariales informaron que tales daños ocasionarán pérdidas hasta por 10 millones de pesos, lo que no es menor, porque equivale al diez por ciento de lo que el gobierno del estado aprobó para apoyar al sector empresarial por las afectaciones de la pandemia del coronavirus en todo Veracruz.
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Respeto a esos hechos, ha sido muy criticada la ausencia de la policía estatal y de los jefes cuitlahuistas de la secretaría de seguridad pública, que se vieron omisos o irresponsables. Otra pregunta que varios se hacen es la ineptitud de los encargados de inteligencia política de la secretaría de gobierno, quienes tomando en cuenta los desmanes similares de hace pocos meses, debieran estar atentos y prevenir o minimizar ese tipo de manifestaciones de grupos menores y en apariencia no representativos ni teledirigidos, que, en la buena actuación gubernamental, deben ser ubicados siempre para asegurar la gobernanza.
Según Cuitláhuac García se investigarán y sancionarán los hechos, pero optó por no denunciar, y viola la propia ley. En fin, ojalá y no quede en simple promesa para salir del paso, como aquella llorosa engañifa de Coatzacoalcos, el asesinato masivo del Bar Caballo Blanco, donde los meses transcurren y nadie sabe nada.
Xalapa es la sede de los poderes estatales. O es que Xalapa debe olvidar sus tradiciones universitarias, culturales y asociadas al arte, de gente esforzada, trabajadora, intelectual y preparada, para dar paso a este tipo de desfiles y correrías de hordas improductivas y violentas que abusan impunemente ante la pasividad y mediocridad del gobierno en turno.
El gobernador Cuitláhuac García debe cumplir con su compromiso como primera autoridad de Veracruz. Tomar medidas prudentes, pero correctivas y decisivas, en torno a las acciones desestabilizadoras y anárquicas que pretenden hacerse costumbre en Xalapa.
Según los morenistas, Xalapa debe ser floreciente. ¿O se refieren a algo más metálico?
