El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) acaba de informar que emitió los lineamientos para aplicar medidas de apremio y vigilancia a instituciones del gobierno del estado que incumplan medidas de transparencia y acceso a la información pública.
La noticia es buena. Pero debemos aceptar que la mayor parte de las dependencias y entidades de la administración, están lejos de la transparencia y claridad que exige el interés de la sociedad, por lo que atender tales medidas, exigiría reforzar el instituto y dotarle de recursos, dientes, garras y fortaleza para poder cumplir con una función decorosa que ayude a impulsar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Veracruz. Hasta ahora las intenciones no han pasado a la práctica, quedando solo en entusiasta y periódico discurso de sus autoridades.
Indicios de ocultamiento de información oficial en Veracruz, han existido siempre. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo hizo notar en febrero pasado en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, en lo referente al Congreso del Estado.
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Semanas después, diversos medios nacionales publicaron un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ubica a Veracruz entre las cinco entidades más opacas de acuerdo con el Índice de Calidad en la Información (ICI) sobre los recursos federales transferidos desde el gobierno central.
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Este miércoles, Transparencia Mexicana informó que la entidad está en la lista de los 9 estados con información opaca acerca de la deuda pública contratada en el primer semestre de este año. En una evaluación conjunta con la Consultora Tojil, las dos instancias advirtieron que el gobierno estatal no publica en sus páginas oficiales el monto de la deuda pública actualizada a 2020.
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Los problemas de la opacidad y la falta de transparencia en Veracruz no son nuevos, pero durante esta administración se han vuelto más evidentes. Basta con acceder a la página web de SEFIPLAN y cualesquiera de las otras dependencias de gobierno, para corroborar la dificultad que el ciudadano promedio tiene para conseguir información de los programas, obras, beneficiarios, auditorías, adquisiciones y contrataciones gubernamentales, que debieran ser públicas y estar accesibles sin mayor dificultad.
La forma en que han diseñado estas páginas de internet, a fuerza de recovecos, controles y derivaciones, desalientan la consulta y revisión ciudadana de los actos de gobierno.
Ojalá y que la Auditoría Superior de la Federación—que siempre ha tenido una página web amigable y eficiente—contara con algún índice institucional para medir y calificar la opacidad o transparencia de las informaciones disponibles en la Red por cada una de las dependencias y entidades del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios.
La honestidad que se publicita desvergonzadamente, debe rebasar los discursos, los autoelogios y las presunciones personales, para manifestarse en los hechos. Mantener informaciones públicas incompletas, o escondidas bajo artilugios informáticos, o en la secrecía cómplice con acuerdos discrecionales, indican que en lugar de brindar a la sociedad el acceso cabal a los datos comprobables, se le está dando simple atole con el dedo.
Así es como se percibe en la gestión de Cuitláhuac García, un gobierno fallido, empecinado en la simulación y en culpar a otros para esconder sus escasos resultados. Y ese discurso cuitlahuista de que las obras “que construye”, no se conocen porque se hacen en lugares apartados que los críticos no visitan, tiene una sola respuesta. Pudiera ser necesario ir a buscarlas en los apartados rincones de la imaginación.
Esperemos que un día no lejano, el secretario Lima Franco y las titulares de la Contraloría General, de la Oficina del Programa de gobierno, del IVAI y de la Fiscalía Anticorrupción, nos demuestran con informaciones precisas y documentos visibles, las obras y acciones sociales que presume el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Porque para llamar a cuentas a funcionarios soberbios e irresponsables, la gente tendrá que interesarse y recurrir a la revisión minuciosa de las cuentas públicas que publica la ASF y el ORFIS y que están enteramente disponibles para su consulta vía internet.
