El periódico español El País dio a conocer ayer una noticia sobre la presunta adquisición de medicamentos que el actual gobierno de Veracruz contrató con una compañía del estado de Jalisco, perteneciente al empresario-funcionario Carlos Lomelí Bolaños.

La asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizó una investigación sobre los contratos firmados de diciembre a la fecha entre la empresa en cuestión y la secretaría de salud estatal, señalando que el importe de lo adquirido asciende a la cantidad de 164 millones de pesos y que los productos son paracetamol y material de curación.

La nota periodística referida a la investigación de esa organización, no hace referencia al detalle de los procesos licitatorios, solo revelando que fueron simples asignaciones directas. Tampoco alude a si los funcionarios apelaron a excepciones de Ley para contratar con la empresa que tiene domicilio en la ciudad de Zapopan.

Lo que sí abunda la nota en cuestión es el posible conflicto de intereses que podría tener el supuesto dueño de la empresa, quien a la vez es funcionario del gobierno de la república, por ocupar el cargo de súper delegado federal en Jalisco.

En este asunto no únicamente el secretario de salud veracruzano tiene responsabilidad, sino que habría que observar cuál es el compromiso que en esa adquisición tuvieron algunos colaboradores de la Contraloría General del Estado y de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Habría que revisar el dictamen de adjudicación que elaboraron los funcionarios del área responsable de la distribución de dichos medicamentos a los centros hospitalarios de la entidad.   

De acuerdo con lo que ha señalado e insistido el ejecutivo federal, y si la empresa realmente es propiedad del señor delegado en Jalisco, o de su familia, pudiera efectivamente caer en el conflicto de intereses que observa MCCI.

Lomelí Bolaños fue candidato de MORENA al cargo de gobernador de Jalisco en 2018. Actualmente funge como súper delegado en esa entidad federativa.

Sería muy conveniente conocer la justificación del secretario veracruzano de salud y las explicaciones de José Luis Lima Franco, secretario de finanzas y planeación y de Leslie Garibo Puga, la gentil contralora general del estado, instancias integrantes de todos los subcomités de adquisiciones del gobierno estatal en las diversas dependencias y entidades de la administración pública.

No sea que el mandatario nacional tenga que cancelar la operación y venir en próximos días a explicar a los veracruzanos el verdadero procedimiento y justificación de la compra y, como hizo antes, a reiterarnos la honestidad del gabinete cuitlahuista y del eficiente y cumplido gobernador.

Para evitar incongruencias entre el discurso y la realidad, sería recomendable que López Obrador aleje la inoportuna sombra de corrupción que señala el medio ibérico. 

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