Si se les evalúa por su trabajo político en la pasada elección, puede afirmarse que los diputados de la fracción mayoritaria del congreso veracruzano, entregaron buenas cuentas al gobernador morenista de Veracruz. Pero si esa evaluación tiene que ver con las atribuciones legales que tienen esos representantes populares y todos los demás de la actual legislatura, la mayoría de ellos resultan omisos e incurren en irresponsabilidad respecto a lo que establece la constitución local.

La constitución veracruzana señala que el congreso tiene la atribución de coordinar y evaluar el desempeño de las funciones del órgano de fiscalización superior del estado, el ORFIS.

Deberá revisar las cuentas públicas del año anterior de los entes fiscalizables, evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar que se ha sujetado a los criterios del presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos programáticos.  

Señala el mismo ordenamiento local que la cuenta pública del año anterior debe entregarse al congreso a más tardar el 30 de abril, y que sólo se puede ampliar el plazo de presentación por 30 días naturales, lo que al parecer ya se incumplió por dos años consecutivos.

Establece también que deberá aprobar las cuentas públicas a más tardar el último día de octubre del año que corresponda. De acuerdo con la página web del ORFIS, respecto a los informes de resultados, sólo los hay hasta la cuenta pública 2018.  

Y no hay más datos, porque, en desapego a la Constitución, los señores diputados han estado extendiendo plazos a Delia González Cobos, la auditora general del órgano autónomo, para posponer la entrega del informe de resultados de la cuenta 2019 y tampoco se tiene conocimiento del estado en que se encuentra la cuenta pública 2020.

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La sociedad veracruzana no conoce detalles y cómo es que se han ejercido los recursos públicos de la administración cuitlahuista conforme a los criterios de fiscalización del ORFIS.

Otros aspectos en plena opacidad son los siguientes: no se sabe cómo terminaron las observaciones a la cuenta pública 2018. Tampoco la evaluación anual al Plan Veracruzano de Desarrollo. Se desconoce cuántas auditorías forenses se han realizado a las obras grandes (para el caso de que estas existieran). Mucho menos se sabe cuántas revisiones hizo el ORFIS a los entes fiscalizables durante el ejercicio fiscal en curso. 

En relación a estas fallas y omisiones legales, la irresponsabilidad corresponde a todos los legisladores, comenzando por Adriana Linares Capitanachi, la presidenta de la mesa directiva, por Juan Javier Gómez Cazarín, el presidente de la junta de coordinación política (flamante ideólogo) y por Érick Domínguez Vázquez, el presidente de la comisión de vigilancia del congreso.

Por lo que se percibe, Delia González Casanova está incumpliendo las atribuciones legales que le corresponden en su carácter de titular del ORFIS, pero en descargo, ha permitido engrosar la nómina de parásitos enviados desde los palacios de Encanto y Enríquez que cobran puntualmente un salario.

El 5 de noviembre entra la próxima legislatura, que también tendrá mayoría morenista. Quizá seis días antes, los diputados salientes, a ciegas y con la misma astucia y desenfado que ha mostrado la abogada González Casanova, realicen en lo oscurito la rápida aprobación de las dos primeras cuentas públicas del cuitlahuismo. En otras palabras, muestran que: “Los políticos son como los chiqueros; todos son iguales, lo único que cambia es el cerdo”

El poderoso detergente 4T abrillanta la honestidad valiente de los funcionarios cuitlahuistas, como asegura discursivamente su guía nacional. Veracruz tendrá tiempo suficiente para revisar el manejo de los recursos del erario.

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