La renuncia de Carlos Urzúa a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó a la sociedad más preocupaciones que satisfacciones. Por mucho que se hable de cambios, de austeridad y de lucha anticorrupción, un gran porcentaje de la población no termina de entender o de aceptar las bondades de esta nueva forma de hacer política y de conducir el desarrollo el país.
Las razones de su retiro del primer cuadro del gabinete presidencial las esgrimió ayer en una entrevista para la revista Proceso. El reconocido economista dijo que Alfonso Romo, jefe de la Oficinal de la Presidencia, es el mayor conflicto de interés de la administración: también señaló que en su oportunidad mostró su desacuerdo con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. Además, criticó el objetivo de construir la refinería de Dos Bocas, en lugar de promover la exploración y producción de crudo.
Pero lo importante no es lo que dijo, lo significativo es aquello que evidentemente se guardó, porque de haberlo hecho, desataría todos los demonios contra la cuarta transformación de AMLO. Ya se sabrá en su oportunidad, las razones reales que prefirió callar, aunque algunas, se sospechan desde hace varias semanas.
Desde antes de su salida abrupta, aparecieron por doquier expresiones como desaceleración y recesión, y desde luego, eso no ayuda al presidente, tampoco a los mexicanos, ni a la planta productiva; mucho menos a la economía nacional.
La preocupación mayor de los expertos es el uso populista que puede empezar a darse a recursos de las pensiones, a los bienes nacionales o a las reservas internacionales. Ya informaron estos días que el IMSS comenzará a utilizar fondos de su reserva financiera; también aclararon que no habrá afectación alguna a los pagos actuales y futuros de pensiones y jubilaciones. Casi, casi, dijeron, que no hay que preocuparse, que no pasará nada. Pero no es tan sencillo tranquilizar solo con palabras de buena fe.
Y el tema del suministro de las medicinas hospitalarias sigue ahí, latente y pendiente, sin que importe el pueblo sufriente. Los recortes ordenados por la oficial mayor de hacienda, continúan pian, pianito, cumpliendo con el riguroso espíritu republicano y la palabrería palaciega en boga.
Carlos Urzúa habló de conflicto de intereses, de políticas sin sustento y de personas que no cumplen con el perfil para los cargos. Quizá se refirió a gente sin cerebro a la altura de los retos y sin visión panorámica. Y debió haber pensado en los daños colaterales que sufriría su imagen y su credibilidad, ante el insistente gusto por utilizar el machete y el hacha para recortar presupuestos a las dependencias. En estos procesos en que se redescubre que la cobija no alcanza y que habrá descobijados, se acepta que la historia no culparía a la célebre señora Buenrostro de la oficialía, la historia juzgará exclusivamente al titular de la SHCP.
Pero lo que Urzúa no mencionó directamente en su apresurada despedida ni en su entrevista, aunque lo dejó entrever en sus palabras, es el impacto a las cuentas nacionales que dejarán los pagos por indemnización y los propios daños colaterales y menudencias de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y eso traerá mayores recortes.
También mencionó, pero en clave que entendió solo Andrés Manuel, las ocurrencias que está mostrando Manuel Bartlett, director de la CFE, en torno al tema de los gasoductos que no quiere aceptar o que trata de renegociar en organismos reguladores internacionales, y donde hay empresas extranjeras aportando recursos (la obra costó 1500 MDD).
El gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, con un contrato por 25 años que aportará el gas que necesita México, acaba de ser concluido en estas semanas y está listo en sus 800 kilómetros bajo el mar para ponerse en operación. Se construyó para poder suministrar gas natural a las plantas generadoras de energía eléctrica del centro y del sur que, si utilizan diésel, gastan cuatro veces más.
Las plantas generadoras de la península de Yucatán lo requieren con urgencia ya que funcionan al 30% de su capacidad y constituyen un foco rojo en lo social si no dan luz eléctrica a Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Recuérdese el apagón masivo no hace mucho.
El desconocimiento y la negligencia de Bartlett pueden ocasionar graves pérdidas económicas a la hacienda nacional, desinflar el TMEC (tratado de libre comercio) y hasta trastornos diplomáticos con Canadá y Estados Unidos, debido a que la empresa constructora y operadora mayoritaria del gasoducto es de la nación de la hoja de maple. Por las implicaciones de este asunto, la evidente molestia de Carlos Urzúa podría estar anunciando la salida del actual director de la Comisión Federal de Electricidad.
Escenarios como los mencionados debieron aconsejar al exsecretario de hacienda a retirarse por la puerta grande el martes pasado, previendo que el propio López Obrador lo tuviera que sacrificar ante tantos riesgos necesarios e innecesarios que está corriendo la hacienda pública y el gobierno central.
Más vale, aquí corrió, que aquí murió. Esa es la moraleja de la historia de Carlos Urzúa en Hacienda.
