En la pasada comparecencia de la titular del ORFIS ante el Congreso del Estado, el diputado priista Marlon Ramírez pidió información sobre una serie de contratos millonarios de adquisiciones diversas que la actual administración estatal ha asignado a dedazo puro en favor de la persona moral denominada Araly Rodríguez Vez.
La pregunta hizo palidecer a la Auditora General Delia González Cobos, que en ese momento se esforzaba por aclarar las dudas y cuestionamientos que presentaban los legisladores en su turno ante el micrófono.
A partir de ese momento, y gracias a los medios de comunicación, los veracruzanos han conocido los pormenores de los diversos contratos que suman más de 100 millones de pesos desde el año 2019 hasta la fecha, y que se firmaron en dependencias como las secretarías de salud, de seguridad pública, educación y el DIF Estatal. En dichos contratos aparece como firmante la señora en cuestión, quien a su vez se ha descubierto que es empleada de la Secretaría de Educación, adscrita en el municipio de Cosoleacaque y con domicilio fiscal en Xalapa.
Reporteros de esta capital localizaron el supuesto domicilio de la señora Rodríguez Vez en la Colonia Higueras de esta ciudad, en una zona popular donde los que habitan son personas que cuentan con una modesta tienda de abarrotes y dicen no conocer a la “empresaria” mencionada, recordando esta absurda situación, aquellos hechos y circunstancias del célebre caso de las empresas fantasma, que en el año 2016 detonó la acusación que llevó a la cárcel a Javier Duarte de Ochoa, meses después.
El asunto destapado por el diputado priista escaló a la capital de la República por la cuantía y resonancia política, y hace pocos días tuvo que salir el propio Cuitláhuac García a dar explicaciones y justificaciones que a nadie han complacido.
Por otro lado, siguen surgiendo documentos que mueven a pensar en la relajación administrativa de los encargados de la administración de recursos, en la deficiente interpretación de las disposiciones legales y en la irresponsabilidad y corrupción que pudieron haber mostrado funcionarios firmantes coludidos con nuevos empresarios, al amparo de la denominada 4T.
Uno de esos documentos es un decreto firmado por el gobernador para exceptuar de la licitación pública las adquisiciones gubernamentales, los servicios y la construcción de obras públicas, argumentando necesidades urgentes o apremiantes originadas por la pandemia de Covid-19.
Abogados y especialistas de la administración pública han señalado la gravedad de estos hechos y que el decreto es ilegal porque el gobernador carece de facultades para tales fines y violentó la Constitución Política del Estado, La ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las leyes de Adquisiciones y Obras Públicas correspondientes.
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Tampoco se ve el acompañamiento preventivo que según ese decreto publicado el 7 de abril de 2020 en la Gaceta oficial, debió haber hecho la Contraloría General del Estado.
Cuitláhuac García ya calificó a Araly de “prestanombres” y reiteró su “honestidad” ante los medios. Quizá para aclarar las cosas pronto llegue por acá la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT a poner orden ante tanto desaseo. Y aunque la “empresaria” no aparezca por ningún sitio, la Comisión Estatal de Búsqueda y las autoridades correspondientes deberían emitir una alerta para localizarla y proteger su integridad física.
Porque es posible que ya esté viviendo sus horas bajas el ingenioso ingenuo que tiene oficina en el palacio de gobierno, pero sólo para organizar bailes, mascaradas, festividades regionales y paseos con machetes para cortar el pasto, mientras la delincuencia de todo tipo sigue cometiendo crímenes y medrando en Veracruz.
