En el editorial “EL IPE Y SUS PILATOS”, publicado en este portal el 26 de octubre anterior, se hacía referencia a la delicada situación del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, así como al requerimiento de información financiera que en ese entonces había presentado el sector magisterial, integrado a su Consejo Directivo.
Ese día Palabras Claras señaló que “no se debe dejar sin castigo a aquellos que dejaron hacer o dejaron pasar decisiones y hechos fuera de la normatividad, que causaron desfalco a los recursos destinados a cubrir la seguridad social de jubilados y pensionados que ya cumplieron con su actividad laboral y con sus aportaciones al Instituto. Los derechohabientes del IPE no debieran sufrir ningún riesgo ni demora en la recepción de un beneficio mensual que ya ganaron y que les otorga la Ley”.
Por desgracia para los pensionados y jubilados de esa institución, la situación no es más clara que en esos meses de 2016. Además de aquellos que aún esperan adeudos atrasados, los que ya reciben la aportación que les corresponde, mes con mes deben rezar a todos los santos para que haya puntualidad en los depósitos bancarios.
Es de lamentar que el instituto y diversos actores políticos no dejen de provocar sorpresas, indignación e irritación a los miles de ex trabajadores derechohabientes de ese organismo.
El origen de esa irritación es diverso y constante. Primero por el desbarajuste financiero que hace pensar en la quiebra del Instituto. A veces, porque algún medio de comunicación expone la inclinación del académico director, al solaz relajamiento y a hacerse acompañar de bellas y bien remuneradas colaboradoras, que desde luego, inflan con alegría la partida de sueldos y salarios. De su eficiencia profesional mejor ni investigar.
También abona a la ira social, la extraña frecuencia con que salen a relucir las declaraciones de que el Estado y los Municipios no cuentan con recursos económicos para pagar los adeudos que tienen con el Instituto, que se han llegado a calcular hasta en 8 mil millones de pesos, poniendo en alta vulnerabilidad las prestaciones de los derechohabientes.
Enojo, ocasionado también por el descubrimiento de que un alto número de gloriosos maestros y políticos, o políticos y maestros, suertudos y bendecidos por el sistema, fueron jubilados con montos estratosféricos, diferentes a los importes que los humildes jubilados y pensionados reciben usualmente.
Para estos próceres veracruzanos, cantidades elevadas, por arriba de los sesenta mil pesos y que en algún caso llega a más de 112 mil pesos mensuales. Como se observa, un estado de bienestar, posiblemente alcanzado por la suerte de contar con más de una plaza, que constituye una irresponsabilidad legalizada que carcome los presupuestos anuales.
Y ayer, justamente en el día del maestro, como parte de un típico ajuste de cuentas entre perredistas, se informó que un candidato a alcalde en Ciudad Mendoza, que ha sido incluso líder estatal de ese partido, ha tenido la fortuna de ganarse, como en la feria, tres plazas de maestro, y que este maestro de la cañería política pronto acudirá al IPE a gestionar su tridimensional jubilación.
Los jubilados saben que ese amarillento señor recibirá esos jugosos beneficios. Romero Aquino ha sido un maestro verdadero. Un personaje de la grilla provechosa que contó con el don de la omnipresencia para detentar tres plazas magisteriales.
Ante esas muestras que pudren la seguridad social veracruzana, encolerizados pensionados y jubilados han dejado de creer en las leyes y en los gobiernos, pero principalmente en los partidos políticos y en los candidatos.
Es seguro que 29 mil enojados derechohabientes del IPE y sus desesperadas familias hagan sentir su veredicto el 4 de junio próximo.
Para fortuna nuestra, estos son los tiempos del cambio.
