Parece que la justicia en Veracruz tendrá que seguir esperando mejores tiempos. El poder judicial del estado continúa inmerso en un circo y sus autoridades pelean encarnizadamente las posiciones y los presupuestos, mientras los trámites duermen y se empolvan a causa de la irresponsabilidad y la sana distancia de la pandemia. La nueva titular hace como que quiere, para seguir igual que la antecesora defenestrada, plegándose indignamente a los otros poderes del Estado.
El palacio de justicia aguarda cambios que puedan beneficiar a la población, en tanto los indicadores de seguridad pública avanzan en dirección opuesta a la estabilidad y tranquilidad que requiere la sociedad veracruzana. Los cobros de piso, los asesinatos, las desapariciones, feminicidios y los secuestros siguen atemorizando a jóvenes y viejos en zonas urbanas y rurales.
Y en los terrenos de la Fiscalía General del estado, las cosas van despacio porque se manejan mal desde palacio. La autonomía del ente quedó en el articulado de sus documentos fundacionales. La titular es buena para las reuniones y las fotografías, más que para los resultados que demanda la ciudadanía.
El pésimo estado actual del sistema de justicia en Veracruz quedó doblemente expuesto en este noviembre, el mes de los complacientes aplausos de Cuitláhuac a su equipo.
La primera exhibida que trasciende fronteras estatales se encuentra en un bien elaborado reportaje periodístico de Radio Televisión de Veracruz (RTV) que acaba de ganar el premio Pantalla de Cristal 2020 y que atinadamente se denomina “La ausencia”, donde se narran las vicisitudes y sufrimientos de los colectivos de búsqueda de desaparecidos y las crudas condiciones de las fosas con cadáveres en Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Úrsulo Galván y Alvarado. Los periodistas participantes rinden en ese cualificado trabajo un homenaje póstumo a las personas desaparecidas y un reconocimiento al ejemplo de organización de estos grupos de familias que hacen un loable esfuerzo de autogestión para seguir en la búsqueda que no apoyan los gobernantes. Un trabajo informativo que enseña la imperdonable ausencia de justicia en Veracruz.
El otro caso es el fuerte reclamo que organizaciones civiles hacen a la Fiscalía del Estado por la desaparición del señor Miguel Vázquez Martínez, suscitada en Tlapacoyan desde el mes de octubre y cuya familia acudió a esa instancia y cumplió con las indicaciones recibidas, sin que se tenga avance alguno. El señor de 70 años de edad, es un activista ambiental contra la instalación de hidroeléctricas en el Río Bobos y es parte de un grupo de siete dirigentes que a lo largo de la cuenca vienen luchando contra ese tipo de proyectos, todas ellas sufriendo amenazas y hostigamientos.
Sobre este caso el movimiento ambientalista LAVIDA hace sentidas demandas al gobierno estatal en voz de Guillermo Rodríguez Curiel, quien señala que “La fiscalía de Veracruz no investiga los delitos de secuestro, simplemente recibe las denuncias, arma carpetas y finge autismo. Los ambientalistas le exigimos que presente con vida a Miguel Vázquez Martínez”.
Y también debe recordarse que hace pocos meses asesinaron en Actopan al ambientalista Adán Lira. Su familia espera la justicia que ofrecieron las autoridades.
Es necesario que el gobernador García Jiménez active al titular de seguridad pública en la lucha contra las bandas delincuenciales y en las medidas de prevención del delito y que solicite a la fiscal del estado -en esas falaces reuniones de paz que adornan en las redes sociales- acelerar las investigaciones que conduzcan a la adecuada solución del secuestro del ambientalista.
La ausencia de justicia en Veracruz debe tener fin. Hugo Gutiérrez y Verónica Hernández Giadans están obligados a entregar resultados a los veracruzanos. Se supone que estamos en tiempos de transformación y no de simple y criminal simulación.
O como decía AMLO en sus años de activismo: “Si no pueden, que renuncien”.
